A principios del pasado mes de febrero, La Fiscalía General de la Nación recibió denuncia formal contra los ciudadanos Teófilo Lemus y José María Pernas (español)socios inversionistas del megaproyecto portuario Puerto Pisisí, que se construye en una bahía de Turbo en el Golfo de Urabá, Antioquia.
La acción judicial tiene como objetivo que la Fiscalía inicie una investigación por los presuntos delitos de estafa agravada y abuso de confianza, en perjuicio de familias víctimas del conflicto armado en Urabáquienes abandonaron un proceso de restitución de tierras sobre los bienes donde se ubica el proyecto. Todo ello, a cambio de que los inversores les compren bienes en otras áreas del sector.
EL TIEMPO conoció que los inversionistas de Puerto Pisisí no sólo son denunciados ante los tribunales, además, Enfrentan problemas administrativos ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que los multó, en decisión de primera instancia, por 14.286 millones de pesos..
Render del Puerto Pisisí, que será clave para el funcionamiento del comercio internacional. Foto:
La decisión la toma la coordinadora de procedimientos sancionadores administrativos contractuales de la ANI, Carol Melissa Chinchilla. Y, aunque data de finales del año pasado, hasta ahora no se había dado a conocer al público. En términos generales, la multa es por omisiones en la presentación de garantías de cumplimiento contractual por parte del inversionista, requisito fundamental para la ejecución de cualquier acuerdo público.
“El reclamo principal corresponde al supuesto incumplimiento relacionado con la no entrega de la garantía única de cumplimiento del contrato, así como de las demás garantías requeridas que deben presentarse conjuntamente como condición para iniciar la ejecución contractual, que son las siguientes: (i) garantía de cumplimiento de las obligaciones generales del Contrato de Concesión Portuaria, (ii) garantía de pago de salarios, beneficios sociales y compensaciones laborales y (iii) póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual”, se lee en el expediente.
Durante el proceso, la sociedad portuaria argumentó que ha tenido diversas situaciones que le han impedido cumplir, en su totalidad, con la obligatoriedad de la constitución de las pólizas. Esto se debería a que uno de los socios, el inversionista “Equinosplane”, que tiene el 30% de la participación, no habría cumplido con las obligaciones contraídas al interior de la empresa.. El problema con ese socio es de tal magnitud que ya iniciaron acciones legales en su contra.
Por otra parte, la empresa portuaria aseguró que, durante 2024, se presentaron varios escritos ante la ANI en los que se indicó que la empresa Seguros del Estado SA, a través de la cual se gestiona la emisión de las garantías, Por políticas internas no aceptó la emisión de pólizas sin la existencia de un financiador.
Lugar donde se construirá Puerto Pisisí, en Turbo Foto:alejandro mercado
Seguros del Estado, por su parte, “señaló que (…) la determinación de su vigencia ha demostrado ser el principal inconveniente, teniendo en cuenta el desarrollo contractual. Explicó que, desde la perspectiva de la aseguradora, no es posible emitir pólizas con vigencia retroactiva, lo que, de acuerdo con el marco del contrato de seguro, dificulta la posibilidad de una emisión inmediata. “una vez notificado el inicio del procedimiento sancionador administrativo contractual.”
Sin embargo, en primera instancia, la ANI señaló que el retraso es palpable, motivo por el cual no se ha podido firmar el acta de inicio, en los términos iniciales del megaproyecto. La Agencia aseguró que, mientras no se materialice la emisión de las garantías requeridas, la empresa portuaria de Pisisí seguirá en incumplimiento.
“Lo que procede es la declaración de incumplimiento con su consiguiente imposición de multa, sin que pueda declararse accidente y afectar la política de gravedad de la oferta, ya que dicha garantía no se encuentra vigente en el momento de la adopción de esta decisión”, concluye la ANI.
Óscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI. Foto:Oscar Javier Torres Yarzagaray
En diálogo con EL TIEMPO, los representantes de Puerto Pisisí explicaron que Es importante señalar que la decisión no es firme, ya que en su momento se interpuso el recurso de reconsideración..
“Lo anterior, bajo el argumento de que la sanción se fundamenta en un requerimiento de garantías contractuales con efectos retroactivos, situación que no es exigible legal ni contractualmente, por ser contrario al Decreto 1082 de 2015, incompatible con el Código de Comercio, prohibido por la jurisprudencia del Consejo de Estado y rechazado por la doctrina de entidades como la Contraloría General de la República, Fasecolda y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado”, explicaron.
La petición de las víctimas
Según víctimas de la región Urabeña, Sociedad Portuaria de Puerto Pisisí prometió no participar como opositora en el expediente de restitución y habría ofrecido una compensación adicional a las víctimas. En abril de 2021 se firmó un memorando de entendimiento en el que se firmaban varios compromisos que, casi cinco años después, no se habían cumplido.
Entre los acuerdos estaba que Puerto Pisisí iba a comprar a las víctimas denunciantes una propiedad de 30 hectáreas. Además, la construcción o compra de inmuebles a favor de cada uno de los seis reclamantes de tierrasen zonas rurales o urbanas. También compensación valorada en pesos colombianos por la implementación de un proyecto productivo.
Reclamantes de tierras. Foto:Cortesía Fundación Forjando Futuros
Finalmente, “la creación de una sociedad asociativa propiedad de las víctimas de cuyos excedentes se pagará una remuneración mensual a los cabezas de familia de las víctimas«, según se lee en la denuncia revelada por EL TIEMPO.
Según la acción judicial, una vez firmado el compromiso, La empresa Pisisí obtuvo la concesión portuaria de la Agencia Nacional de Infraestructura en enero de 2023. Posteriormente, señalan las víctimas, los demandados cesaron toda comunicación y pago, dejando a las víctimas sin tierras y sin posibilidad real de reclamar judicialmente el asunto.
Jhoan Sebastián Cote Lozano
@SebasCote95 en X
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