Estados Unidos ha intensificado recientemente su estrategia diplomática y económica contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, en lo que parece ser el comienzo de una nueva etapa de presión multilateral. Según fuentes del Departamento de Estado, las acciones se coordinan con aliados regionales y europeos para reactivar sanciones previamente flexibles, debido al incumplimiento de los compromisos electorales asumidos por Caracas. Entre las medidas contempladas se encuentran restricciones financieras adicionales, revocación de licencias a empresas njeras que operan en el sector petrolero venezolano y nuevas resoluciones antes de la OEA y la ONU para denunciar las violaciones de los derechos humanos.
El endurecimiento de la posición estadounidense también busca fortalecer la oposición democrática y las condiciones justas de demanda para las elecciones presidenciales de 2025, en las que Maduro aspira a ser elegido a pesar del rechazo internacional. Sin embargo, Los portavoces del gobierno venezolano han descrito estas acciones como «interferencia» y advierten que responderán con un mayor enfoque para aliados como Rusia, Irán y China. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa en medio de una crisis económica crónica, con millones migrando y un aparato institucional cada vez más debilitado. La comunidad internacional observa cuidadosamente la dirección que tomará esta renovada ofensiva diplomática.
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