La defensa del exguerrillero Galvarin Apablaza, exdirigente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), solicitó este lunes la intervención del Comité Contra la Tortura Naciones Unidasinstando a la autoridad a solicitar una suspensión cautelar de su extradición de Argentina a Chile debido al «evidente riesgo de tortura y castigos crueles» en su país de origen.
«Se puede concluir que su extradición es una respuesta a cuestiones políticas y que, al final, cualquier juicio en su contra no tiene garantía de debido proceso», explicó su abogado Rodolfo Yanzón en un documento de 11 páginas obtenido por la radio chilena T13.
Su defensa afirmó así que se produciría un «daño irreparable» debido a «las condiciones a las que estaría sometido si fuera extraditado», especialmente por la «avanzada» edad del fiscal y su «delicado estado de salud».
En este sentido, solicitó que «se analicen las condiciones en las que se encontraría si fuera devuelto a su país de origen de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Convención contra la Tortura», teniendo en cuenta «la persecución política que lo afecta en Chile desde el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende».
También insistió en que la condición de refugiado de su cliente «no está firme» como había sido apelada, al tiempo que insistió en que las autoridades chilenas deben presentar una nueva solicitud de extradición, ya que el proceso iniciado en 2004 ya estaba cerrado.
Apablaza, acusado de asesinar al senador conservador Jaime Guzmán en 1991, obtuvo asilo político en Argentina durante la presidencia de Cristina Fernández. Su sucesor en el cargo, el conservador Mauricio Macri, revocó ese estatus, aunque la defensa del ex guerrillero chileno logró ganar una serie de recursos para mantener la protección.
Desde entonces, el proceso de extradición permanece suspendido. El 16 de febrero, un tribunal de apelaciones de Argentina falló a favor de revocarle el estatus de asilo, una decisión bienvenida por el entonces presidente electo de Chile, José Antonio Cast, quien pertenecía a la Unión Demócrata Independiente (UDI), de la que Guzmán formó parte hasta 2016.
Para Chile, la extradición de un ex militante de izquierda es una cuestión de Estado desde hace años. Las autoridades lo imputan por la muerte del senador, así como por el secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido dueño del diario ‘El Mercurio’.
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