La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a la compañía petrolera a reanudar la cción de petróleo en Venezuela bajo un acuerdo que evita explícitamente el pago de regalías o impuestos al gobierno de Nicolás Maduro, según lo confirmado por varias fuentes internacionales y venezolanas. Este giro en la política energética de Washington busca prevenir el flujo de recursos nuevos hacia el régimen de Caracas, manteniendo así la presión diplomática y sancionadora sobre el país sudamericano.
La decisión marca un cambio notorio con respecto a la política anterior, ya que la licencia de Chevron había expirado en mayo pasado y el Gobierno de Joe Biden decidió no renovarlo precisamente para evitar que Maduro se beneficie de la actividad petrolera en suelo venezolano. Sin embargo, la nueva administración Trump ha estructurado el acuerdo para que los ingresos derivados de la actividad de Chevron no lleguen a las arcas del gobierno venezolano, y la compañía estadounidense puede reiniciar las operaciones en estas estrictas condiciones.
La medida ha generado reacciones encontradas. Por un lado, los analistas internacionales consideran que esto podría reactivar parcialmente la producción de petróleo en Venezuela, una de las más bajas en décadas, pero sin aliviar la crisis fiscal del gobierno de Maduro. Por otro lado, los expertos en política exterior advierten que la autorización refleja una nueva táctica estadounidense: mantener la explotación de un recurso estratégico para la economía global, pero sin normalizar las relaciones o más flexible el bloqueo financiero y diplomático que pesa sobre el país caribeño.
La noticia coincide con un contexto de distensión parcial entre Washington y Caracas, marcada por el intercambio de prisioneros políticos. En las últimas semanas, la liberación de ciudadanos estadounidenses arrestados en Venezuela se negoció a cambio de la liberación de prisioneros venezolanos en los centros de detención de los Estados Unidos. Estos enfoques, aunque no implican un cambio estructural en la relación bilateral, se han interpretado como signos de pragmatismo en escenarios de alta tensión diplomática.
Sin embargo, la administración Trump ha sido clara para mantener un enfoque rígido para el gobierno de Maduro: no hay levantamiento de sanciones o reconocimiento político hasta que se cumplan las condiciones de apertura democrática mínimas en Venezuela. El Departamento de Estado reiteró que, en ningún caso, permitirá que el estado venezolano obtenga ganancias para la venta de petróleo y reservará el poder de revisar o suspender la licencia si se incumplen las condiciones del acuerdo.
En la escena internacional, la decisión se considera un mensaje para la industria energética global: Estados Unidos mantiene su intención de garantizar el suministro de hidrocarburos, pero sin ceder a los gobiernos bajo sanciones por cuestiones democráticas y de derechos humanos. Mientras tanto, los venezolanos reciben la noticia con escepticismo: la autorización puede traer cierto dinamismo al sector energético, pero no resuelve la crisis social, ni implica el levantamiento de las sanciones que afectan a las personas.
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