

La tensa situación que enfrentan los habitantes de los municipios de Tolú y Coveñas (Sucre) contra el Gobierno Nacional, tras la instalación del peaje La Caimanera, se asemeja a una disputa entre David y Goliat. La comunidad del Golfo de Morrosquillo se mantiene firme en su rechazo a una infraestructura que, aseguran, ha causado graves daños históricos a la economía local.
Según datos de la Cámara de Comercio de Sincelejo, entidad que ha dado seguimiento al problema desde sus inicios, en el pasado la instalación de este peaje provocó la quiebra del comercio en ambos municipios, resultando en el cierre de 801 empresas.
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Han pasado siete años desde que comenzó la resistencia ciudadana. Durante este tiempo, el peaje ha sido reubicado dos veces, pero siempre –según los vecinos– con las mismas consecuencias negativas para el desarrollo de dos municipios hermanos.
«El impacto se siente especialmente en el turismo. Los que vienen de Cartagena y Barranquilla se quedan en Tolú, y los que llegan del interior del país y Córdoba se quedan en Coveñas. Los turistas no van a pagar peaje varias veces solo para ir de un lugar a otro, las pérdidas son enormes», dice Henry Valencia, líder social y empresario hotelero.
Valencia explica que la protesta es fuerte porque la región ya se siente «asediada» por tres peajes existentes, ubicados en jurisdicción de San Onofre y Toluviejo (Sucre), y San Pelayo (Córdoba).
«Hay tres peajes que los turistas deben pagar para llegar a nuestras playas. Ahora, para colmo, quieren instalar uno dentro de la región con un costo de 18.100 pesos», dice el dirigente.
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Concesión por 36 años
Bloqueos en el Golfo de Morrosquillo Foto:archivo privado
El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vialidad (Invías), determinó que la nueva concesión que operaría con la instalación del peaje entre Coveñas y Tolú tendrá una vigencia de 36 años.
Roberto Uparela Brid, vicepresidente de la ANI y oriundo de Sucre, se pronunció para defender la medida, asegurando que no perjudica a la región.
“Desde la Agencia Nacional de Infraestructura ratificamos nuestro compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, gremios y autoridades locales para encontrar soluciones que garanticen la movilidad regional sin afectar el bienestar de las comunidades”, declaró Uparela.
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El funcionario agregó: «La reubicación del peaje La Caimanera, con tarifas diferenciales, es un ejemplo de cómo buscamos equilibrar el desarrollo vial con sentido social. La medida garantiza que no se afecte la libre circulación en el corredor turístico». Además, precisó que los vecinos podrán optar por el camino antiguo (gratuito) y anunció la gestión de recursos para construir un nuevo puente en el sector La Caimanera.
El Gobierno de Sucre apoya
el rechazo de las comunidades
Bloqueos en el Golfo de Morrosquillo Foto:archivo privado
La gobernadora de Sucre, Lucy García, rechazó rotundamente la instalación de la caseta y acudió a la sede de la ANI en Bogotá a exigir soluciones.
«En el acta firmada por la comunidad no hay mención a una socialización del peaje. Hemos logrado que el nivel directivo de la ANI vaya a Sucre a sentarse con la comunidad a escucharnos. Hemos hecho una inversión enorme en el Golfo de Morrosquillo para atraer visitantes y queremos buscar una solución para que el desarrollo del turismo se dé de manera permanente», afirmó el mandatario.
Por ahora, el bloqueo en la región es generalizado y continúa día y noche, permitiendo sólo el paso de ambulancias y personas con cita médica prioritaria.
Asimismo, el Comité Intersindical de Sucre se reunió hoy con los líderes de la protesta para oficializar su apoyo. A este apoyo se han sumado sindicatos nacionales como Confetur y Anato, consolidando un frente común por la no instalación del peaje.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
Especial para EL TIEMPO
Sincelejo