La Fiscalía General de la República imputó a tres ciudadanos en octubre de 2024.
En comunicado, 54230 del 15 de octubre de ese año, el órgano fiscal señaló tal acusación, «de conformidad con sus posibles responsabilidades individuales, por los delitos de concierto para delinquir, administración desleal, hurto agravado por confianza, estafa en la modalidad masiva y falsificación de documento privado».
Un año después, Uno de los imputados, José Olmedo Manjarrés Valencia, recurriendo a su derecho de defensa y réplica, aseguró en declaraciones a EL TIEMPO en septiembre de 2025, que es inocente y que lo demostrará.
Este es el caso de una presunta estafa, según informó la Fiscalía General de la Nación: «Hasta el momento se han comprobado 91 víctimas, entre personas naturales y jurídicas, y una afectación económica de más de 85.000 millones de pesos».
El caso está relacionado con “la promoción de un proyecto de construcción de un centro comercial en Cali (Valle del Cauca), entre 2013 y 2018, y la venta de locales y diferentes áreas sin contar con los recursos económicos para tal fin”, según la Fiscalía, que tenía contratiempos y que “contaría con hotel, restaurantes, bancos, consultorios médicos, entre otros establecimientos, además de 1.800 estacionamientos. En total se ofrecieron 340 inmuebles para diferentes usos”.
‘Soy inocente y lo demostraré’
El señor José Olmedo Manjarrés Valencia envió una carta a EL TIEMPO de septiembre de 2025.
Esta declaración se publica en ejercicio de su legítimo derecho de defensa y réplica. La editorial presenta su contenido íntegramente:
CENTRO COMERCIAL BRANDS MALL CALI, Soy José Olmedo Manjarrés Valencia. Soy inocente y lo demostraré. No quebré el proyecto: participé sólo como inversionista, a riesgo de mi propio patrimonio, compré el lote que requería el proyecto. Nunca fui promotor ni gestor, ni estructurador, ni diseñador, ni auditor ni comercializador del proyecto, ni tomé decisiones administrativas o fiduciarias. Confío en que la justicia demostrará la verdad y restaurará mi buen nombre.
El pasado 7 de julio envié un informe explicativo a más de 50 personas, entre comerciantes, empresas y abogados vinculados al proyecto Marcas Mall, en el que establecí por primera vez después de siete años mi posición como inversionista invitado en el proyecto. Hoy, públicamente, reitero ese mismo mensaje con total transparencia y respeto a la investigación en curso. Muchos de ellos se sorprendieron, porque durante estos años recibieron diferentes versiones de los hechos que hoy presento.
En relación con la acusación de cargos que se me formulan dentro del proceso relacionado con el proyecto del Centro Comercial Marcas Mall Cali, quisiera aclarar a la opinión pública lo siguiente:
1. No soy responsable del fracaso del proyecto.
Mi rol en Marcas Mall fue exclusivamente el de inversionista, asumiendo riesgos con mi propio patrimonio, de acuerdo con el Acuerdo de Alianza Estratégica de marzo de 2013, documento que firmé cuando fui buscado e invitado a participar del proyecto por el Grupo Promotor y Desarrollador, que venía trabajando en él desde 2011. En consecuencia, nunca fui promotor, gerente, desarrollador, diseñador, comercializador o contralor. Todas las decisiones operativas, fiduciarias, comerciales, regulatorias, contables y administrativas fueron tomadas por el Grupo Promotor y Desarrollador en los documentos del proyecto.
2. No estafé a nadie.
Se ha dicho en algunos medios que había cometido una estafa. Eso es falso. Nunca interactué con ningún comprador de mt2 en el proyecto, porque nunca fui Gerente o Desarrollador del proyecto. De lo contrario:
o Mi empresa pagó a una multinacional por el lote de la carrera 1 con 54, para la adquisición del lote donde se construiría el proyecto.
o Estos pagos, realizados entre marzo de 2013 y octubre de 2014, están certificados por la multinacional y respaldados con cheques y transferencias bancarias.
o El valor por el que hoy se me acusa corresponde exactamente al mismo monto que, poniendo en riesgo mi patrimonio, pagó mi empresa para adquirir el lote del proyecto a la multinacional. Ese mismo valor luego fue devuelto a mi empresa por el síndico y los responsables del proyecto, Grupo Promotor y síndico y los responsables del proyecto, como pagos parciales de lo aportado, distribuidos en 23 meses, porque nunca se generaron los ingresos por ventas que habían prometido.
3. Siempre actué de buena fe y dentro de la ley.
o He puesto a disposición del Ministerio Público y de las autoridades todos los documentos que sustentan mi actuación.
o Nunca he ocultado información ni manipulado recursos de terceros.
o Como muchos comerciantes e inversores, mi patrimonio también se vio seriamente afectado por el fracaso del proyecto. La totalidad del monto invertido nunca me fue devuelto y, a pesar de que el Grupo Promotor y Desarrollador presentó las condiciones de equilibrio – aprobadas por el síndico – como cumplidas, los ingresos por ventas nunca se generaron, mucho menos las ganancias proyectadas por el Grupo Promotor y Desarrollador.
4. Absoluto respeto al debido proceso.
o La Constitución Política (artículo 29) establece que toda persona se presume inocente hasta que exista sentencia condenatoria firme.
o Pido a la opinión pública y a los medios de comunicación que respeten este principio, evitando difundir declaraciones que violen mi derecho fundamental al buen nombre (artículo 15) y la presunción de inocencia.
5. Confianza en la justicia.
Tengo plena confianza en que la justicia esclarecerá los hechos con base en pruebas objetivas y en el derecho, y que quedará demostrado que no soy responsable de los cargos que se me imputan. Será la Fiscalía, de manera imparcial, quien determine exactamente quiénes fueron los verdaderos responsables de la quiebra del proyecto Marcas Mall. El proyecto colapsó por decisiones y riesgos asumidos por el Grupo Promotor y Desarrollador, del cual ni yo ni mi empresa éramos parte. Aporté mi propio patrimonio y actué siempre de buena fe, nunca con intención de defraudar a nadie.
Conclusión:
No soy responsable de la quiebra de Marcas Mall Cali ni estafé a nadie. Aporté los recursos contra mi patrimonio para comprar el lote a una multinacional, hecho certificado por la propia empresa. Mi empresa cumplió sus compromisos; Por otro lado, no recibí el cumplimiento prometido por el Grupo Promotor y Desarrollador cuando me invitaron a participar en el proyecto.
El lote, inicialmente adquirido por mi empresa el 31 de octubre de 2014, fue posteriormente aportado al fideicomiso en Acción Sociedad Fiduciaria para el proyecto Marcas Mall, estaba valuado en más del doble de lo pagado en junio de ese mismo año. Dicho inmueble incrementó su valor gracias a la modificación de uso de suelo obtenida a través del Plan Parcial de Renovación Urbana Marcas Mall Cali, aprobado en noviembre de 2016, gestión lograda con gran esfuerzo y pese a la oposición de un miembro del mismo Grupo Promotor y Desarrollador. Hoy, según un estudio técnico, este lote impacta un nuevo proyecto que lo valora en más de siete veces su valor de compra inicial, recursos que, de gestionarse adecuadamente a través de su venta o asociación, habrían permitido atender a todos los terceros perjudicados. Sin embargo, esta posibilidad se vio frustrada en marzo de 2019 debido a la oposición de un socio del mismo Grupo Promotor y Desarrollador, asunto que también fue denunciado a la Fiscalía para su evaluación.
Asimismo, resulta preocupante que el actual liquidador de Promotora Marcas Mall Cali, designado por la Superintendencia de Sociedades – Delegación para Procedimientos Concursales, a pesar de haber recibido múltiples comunicaciones por correo electrónico de nuestra parte, nunca haya respondido, a pesar de que esta situación también fue puesta en conocimiento de la propia Superintendencia de Sociedades. También es preocupante que se intente utilizar un valor de venta del terreno que no se corresponde con su valor real ni reconocer la valorización lograda por la manzana afectada, que hoy cuenta con uno de los estándares de uso de suelo más importantes de la ciudad de Cali, con un índice de ocupación de 0,8 y un índice de construcción de 5,43, lo que garantiza una atención adecuada a todos los afectados.
Por el contrario, me considero víctima de incumplimiento por parte del Grupo Promotor y Desarrollador, hechos que he puesto en conocimiento de la Fiscalía a través de denuncias penales, para que la autoridad competente establezca las responsabilidades correspondientes. El proyecto nunca generó los recursos necesarios para ser viable, ni tampoco fueron devueltos los aportes que me aseguraron cuando me invitaron a participar como inversionista, aportando el lote y el capital de trabajo. Solo recibí pagos parciales durante 23 meses. Durante todo el tiempo de desarrollo del proyecto, se me garantizó que los ingresos por ventas alcanzarían el 90% en la etapa operativa y preoperacional, y que sólo el 10% restante correspondería a la escrituración; Sin embargo, esa proyección nunca se cumplió.
Con las pruebas en mano presenté una denuncia penal (presentada N° 760016000199202510429) ante la Fiscalía 77 Seccional de Cali, en contra de quienes, a nuestro juicio, eran responsables de la gestión del proyecto, para que la Fiscalía determinara si hubo o no responsabilidad. Además, presenté cinco denuncias adicionales contra uno de los integrantes del Grupo Promotor y Desarrollador, las cuales también están pendientes en la Fiscalía 77 Seccional de Cali, una de ellas con más de seis años de investigación, la cual esperamos pueda culminar este año. Asimismo, existe otra denuncia de los cinco radicada en la Fiscalía 74 Seccional de Cali (expediente N° 760016000199202451060). En todo caso, respetando la presunción de inocencia, reiteramos que la Fiscalía General será la encargada exclusiva de establecer los resultados de estas investigaciones. Confío en que la justicia demuestre mi inocencia, restablezca mi buen nombre y señale a los verdaderos responsables, basándose en la evidencia y en la ley, a quienes realmente se les debe exigir responsabilidades.
Lo que hoy es incontrovertible y plenamente probado es que Acción Sociedad Fiduciaria fue demandada y ganada en proceso civil por los afectados por el proyecto Marcas Mall. Como consecuencia de estos fallos, a la fecha ha tenido que responder a más de 39 comerciantes y terceros y muchos más están en proceso.
Este comunicado se emite en el ejercicio de mi legítimo derecho de defensa y réplica, respondiendo a la campaña de prensa que ha afectado mi honor y buen nombre, siempre con total respeto al debido proceso judicial y a la presunción de inocencia. Estas campañas mediáticas fueron aprovechadas por terceros y tuvieron el efecto de buscar afectar mi honor y buen nombre, hechos que ya he puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Comisión Disciplinaria Seccional Judicial. Nada de lo aquí expresado corresponde a hechos de actualidad en curso, sino que se refiere exclusivamente a hechos ocurridos entre los años 2011 y 2019, los cuales cuentan con documentación y sustento que reposan en la Fiscalía dentro del proceso.
Finalmente, reitero que esta declaración no pretende de ninguna manera afectar el trabajo de la Fiscalía General de la República ni los derechos de las víctimas. Se trata exclusivamente del legítimo ejercicio de mi derecho constitucional a la defensa, al buen nombre y a la honra, frente a informaciones difundidas en medios de comunicación que hayan impactado negativamente mi imagen. Confío plenamente en que el proceso judicial avance con base en pruebas objetivas y en el derecho, y serán sólo la Fiscalía y los jueces competentes quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.
Cordialmente,
José Olmedo Manjarrés Valencia
CC N° 79.159.983 de Bogotá.
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