Han pasado más de tres décadas desde que el salario mínimo en Colombia se elevó por encima del veinte por ciento. Los últimos aumentos a ese nivel se produjeron a finales de los años 80 y principios de los 90, en el contexto de una inflación masiva que rápidamente anuló cualquier mejora real en los ingresos de los trabajadores. Desde entonces, durante más de treinta años, a pesar de lo ordenado en Constitución En 1991, los ajustes salariales se mantuvieron por debajo de ese umbral y, en el mejor de los casos, compensaron el aumento del costo de vida.
Por ello, el reciente aumento del salario mínimo ordenado por el presidente Petro no puede interpretarse como una cifra aislada ni como un gesto coyuntural. Un aumento que supere el veinte por ciento tiene valor no sólo económico, sino también histórico y político, porque rompe la prolongada inercia y reabre el debate sobre el salario mínimo como un ingreso verdaderamente vital, y no sólo una cifra existencial. Un salario que alcance para alimentarse, vivir dignamente, educar a los hijos y tener acceso a la salud y la cultura, y que envíe un mensaje claro de que la economía debe estar al servicio de la vida, y no al revés.
Está claro que este aumento implica desafíos inmediatos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que tendrán que ajustar sus nóminas y la forma en que emplean al personal. Sin embargo, a medida que el aumento de los salarios cree nuevas condiciones de consumo, demanda y circulación de recursos, el mercado tenderá a volverse más dinámico y la producción y los ingresos a estabilizarse. De ahí que sea importante que el Gobierno siga fortaleciendo las políticas en curso para estimular y apoyar a las Pymes y Minipymes, garantizando apoyos, préstamos, marketing, beneficios e incentivos que permitan que la dignidad de los salarios se convierta en sostenibilidad empresarial y crecimiento económico inclusivo.
Este mensaje contrasta brutalmente con lo que sucede en distintas regiones del territorio. En Catatumbo, Sur de Bolívar, Sierra Nevada de Santa Marta, Cauca, Arauca, Bajo Cauca en Antioquia y Pacífico en Nariño, entre otros, las acciones armadas de grupos ilegales continúan imponiendo miedo, desplazamiento y muerte. Allí no hay salario digno ni derechos garantizados. Hay control armado, una economía ilegal y jóvenes atrapados entre la pobreza y las armas. Mientras el Gobierno Nacional intenta trabajar con dignidad, la violencia insiste en negar cualquier posibilidad de futuro.
La contradicción es profunda porque expresa dos proyectos de Estado que desafían el presente. Por un lado, un compromiso con la justicia social que reconozca que sin unos ingresos dignos no hay democracia real. Por otro lado, la lógica de la guerra que se alimenta precisamente de la exclusión y el abandono histórico. Cada ataque armado, cada cierre de una comunidad, cada asesinato o amenaza a líderes sociales es una negación directa de los esfuerzos por construir una sociedad más justa.
Aumentar el salario mínimo no es sólo una decisión política y social. Es también una invitación abierta a los empresarios, especialmente a los propietarios de grandes capitales, a asumir su responsabilidad histórica. Los grandes conglomerados financieros, las multinacionales de la minería y la energía, los grandes grupos de agronegocios, las cadenas minoristas y los poderosos holdings de la construcción y las telecomunicaciones no pueden seguir actuando como si la desigualdad fuera un daño colateral inevitable. Construir una sociedad justa significa pagar salarios dignos, respetar los derechos laborales, invertir en territorios y renunciar a la lógica de ganancias ilimitadas a cualquier costo.
Esta invitación no es nueva ni improvisada. Este es el espíritu que condujo a la Constitución de 1991, un pacto social que prometía un Estado social basado en la dignidad humana, la participación democrática y la supremacía del interés común. Este acuerdo se firmó para dejar atrás la violencia estructural y allanar el camino para la inclusión. Sin embargo, esto se ha retrasado en la práctica durante décadas debido a falsas dicotomías entre crecimiento económico y justicia social, entre rentabilidad y derechos, entre orden y democracia.
Hoy ya no hay lugar para dilaciones ni falsos dilemas. No es cierto que el pago de jornaleros destruya la economía. Lo que la destruye es la extrema concentración de la riqueza, la evasión, la corrupción y la naturalización de la pobreza. Tampoco es cierto que la violencia armada tenga una justificación social. Nada se defiende matando, desplazando o reclutando a jóvenes sin horizontes.
El país tiene ante sí una decisión ética y política. Profundizar el camino hacia reformas que dignifiquen la vida y el trabajo, o permitir que la guerra siga dictando las reglas en los territorios. Un salario digno es una puerta abierta a la construcción de una sociedad justa, equitativa y democrática. La violencia armada es la negación de ese proyecto. Afirmar el Pacto de 1991 en la práctica requiere coherencia, coraje y una voluntad real de cambio. Se acabó el tiempo de las excusas.
Nota: Expreso mi firme rechazo a la brutal agresión de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano, acción que constituye una grave violación del derecho internacional, atenta contra la soberanía del Estado venezolano y asesta un duro golpe al principio fundamental de autodeterminación del pueblo.
Luis Emil Sanabria D.
