Las impactantes imágenes que circularon en las redes sociales la noche del viernes, en las que se ve a varios encapuchados disparando flechas a uniformados del Undmo de Policía -el ex Esmad-, que dejaron cuatro agentes heridos.reflejan un panorama mucho más amplio: el de un país sacudido por bloqueos, manifestaciones y desmanes en distintos puntos del territorio.
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Estos hechos, que trazan un vínculo entre Bogotá, el Pacífico colombiano y otras zonas del país, han puesto sobre la mesa el debate sobre qué hay detrás de la ola de protestas. esta semana y las profundas consecuencias que tendrá para Colombia, tras el acuerdo alcanzado el viernes para frenar el caos.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Los bloqueos en la vía Buga-Buenaventura, que conecta al país con el puerto más importante para la economía colombiana y uno de los diez más importantes de América Latina, dejan pérdidas diarias que ascienden a 40.000 millones de pesos, con el 40% de las exportaciones nacionales en jaque y dejando 8.000 vehículos represados en el occidente del Valle del Cauca. durante cuatro días. Cada 24 horas de cierre puede representar pérdidas por más de 10.000 millones de pesos en transporte, operaciones de almacenamiento y retrasos en exportaciones e importaciones, según Buenaventura Como Vamos.
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El director ejecutivo del Comité Intersindical y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), Juan Manuel Sanclemente, dijo que son más las pérdidas que los logros por estas protestas: «Estos bloqueos se han vuelto tan repetidos, tan sistemáticos, que se convierten en destructores de valor. Y esa destrucción de valor termina siendo pagada, por supuesto, con empleos».
La zona, por la que pasan entre el 40% y el 45% de las exportaciones del país, está marcada por la pobreza que se refleja en cifras preocupantes. La tasa de mortalidad por desnutrición de niños menores de cinco años en Buenaventura es de nueve por cada 100.000 habitantes y, además, sólo el 14% de toda la población (alrededor de 324.000) cuenta con servicio de acueducto, por el que no llega agua las 24 horas del día al puerto más importante del país.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Estas condiciones precarias motivan a un segmento de su población a dedicarse a la minería ilegal, pero no ahora, sino desde hace décadas, en muchos casos al servicio de grupos armados. Allí, el frente disidente ‘Jaime Martínez’, al mando de ‘Iván Mordisco’, tiene un fuerte control territorial. Según fuentes del Ejército y la Policía del Valle del Cauca, las disidencias manipulan a la población más vulnerable para sus fines de tráfico de drogas y armas, así como para la minería ilegal de oro. En este caso, una de las hipótesis de las autoridades fue que grupos al margen de la ley podrían estar detrás de los bloqueos hacia el puerto, con el fin de poner en jaque al Gobierno Nacional. De hecho, Cali y Buenaventura, así como el sur y suroeste del Cauca, son zonas fundamentales para que estos grupos produzcan coca y la distribuyan a países de Centroamérica y Estados Unidos o al interior del país.
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Un informe de inteligencia consultado por EL TIEMPO muestra que los pagos por participar en estas acciones pueden llegar hasta el medio millón de pesos. En el Cauca, donde al mismo tiempo fue bloqueada la carretera Panamericana, la población, constreñida por grupos armados, es presionada principalmente para impedir la entrada de soldados que realizan trabajos de erradicación de cultivos de coca. Este mismo modus operandi se reproduce en los bloqueos, por los que se pagan cantidades inferiores a 500.000 pesos. «También hay grupos armados detrás de los bloqueos, con intenciones claras», afirmó una fuente de inteligencia.
Bloqueos en la vía a Buenaventura. Foto:Iusef Samir Rojas
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró sobre el último de los bloqueos que no son personas de la comunidad. «Pertenecen a un Congreso del Pueblo que tiene una estrategia de bloquear cuatro o cinco departamentos del país y que les está pidiendo que cumplan con sus compromisos con el Gobierno Nacional. Aquí lo difícil es que el Gobierno Nacional no cumple y vienen a bloquearnos las carreteras», dijo el presidente.
¿Orquestado en el Cauca?
La afirmación de que estas protestas fueron planificadas con detalle y con ingresos suficientes cobra fuerza a partir del bloqueo simultáneo a la carretera Panamericana, en el sur del Cauca, realizado también por comunidades indígenas, afro y campesinas. Los cierres, ocurridos en el municipio de Rosas, también desde el 14 de octubre, se suman a los más de 50 bloqueos reportados en lo que va de 2025. El comandante de la Tercera División del Ejército, general de brigada Hernando Africano, denunció presiones del ELN hacia las comunidades participantes en las protestas. «Estos bandidos han llegado a las aldeas y municipios para intimidar a la población civil con el uso de armas», afirmó. En la misma línea, la secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán, confirmó que el Gobierno ha recibido denuncias sobre supuestas presiones de grupos armados ilegales. “Desde municipios como Bolívar, líderes comunitarios han manifestado que no se dejarán presionar ni utilizar. Rechazamos totalmente este tipo de acciones”, dijo el funcionario.
Más de una decena de bloqueos en la vía a Buenaventura este año Foto:Iusef Samir Rojas
Por su parte, Organizaciones sociales advierten que protestan porque la falta de una política clara de soberanía alimentaria ha llevado al empobrecimiento de las familias campesinas, afectando la producción local y el abastecimiento de alimentos. «Queremos producir, no sobrevivir gracias a la ayuda. El campo puede sostener al país si invertimos en él», afirmaron los líderes agrícolas.
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Uno de los reclamos más urgentes proviene de las familias afectadas por los desprendimientos y derrumbes ocurridos en Rosas el 9 de enero de 2023. Los afectados aseguran que el Estado no ha cumplido los compromisos de reubicación ni las promesas de restitución de tierras y viviendas. En un comunicado, explicaron que, cuando ocurrió la emergencia por el alud, el Gobierno Nacional anunció que serían reubicadas 264 familias afectadas, prometiendo la compra de propiedades en 15 días y la entrega de 10 hectáreas de terreno por familia, así como la construcción de viviendas dignas y proyectos productivos. «Llevamos más de un año esperando una solución. Todavía estamos en refugios y endeudados. Nadie responde», comentó uno de los afectados desde el punto de bloqueo.
Bloqueos en la vía a Buenaventura, desde el 14 de octubre. Foto:Iusef Samir Rojas
Respecto a la situación actual, el analista político y columnista de EL TIEMPO, Gabriel Cifuentes, explicó que las recientes manifestaciones reflejan un fenómeno particular: las protagonizan la misma base social que en su momento apoyó a la izquierda y al presidente Gustavo Petro. Según él, estas expresiones ciudadanas no necesariamente parecen estar dirigidas contra líderes locales, sino que muestran un creciente descontento por las deficiencias en la implementación de las políticas del Gobierno Nacional.
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Cifuentes señaló que las exigencias de los manifestantes pueden interpretarse como una respuesta al incumplimiento de las promesas hechas por la administración Petro, lo que deja al Ejecutivo en una posición compleja. En su opinión, estas movilizaciones revelan la dificultad de distinguir entre la ineficiencia gubernamental y el apoyo político que el propio Gobierno ha mostrado a este tipo de expresiones sociales. “El costo político es evidente”, advirtió, “porque esas mismas bases sociales que antes lo apoyaban hoy están insatisfechas”.
En la vía que conecta Urabá Antioquia con Medellín, específicamente, miembros de la comunidad indígena Jaikerazabi obstruyeron el paso vehicular en el sector del kilómetro 65 de este corredor, en cercanías de Mutatá y Dabeiba. Los pueblos indígenas también reclamaron al Gobierno Nacional su presencia en la zona y atención a sus solicitudes, relacionadas con sus necesidades sociales, territoriales y de protección de derechos. El secretario de Gobierno de Mutatá, Juan Guillermo Orozco, explicó que las demandas de la minga están dirigidas al Gobierno del Chocó. Asimismo, Orozco reveló que, luego de conversaciones sostenidas en los últimos días con los indígenas, acordaron garantizar el paso humanitario por la zona de bloqueo.
Bloqueos en vías de acceso al departamento del Chocó Foto:Redes sociales
«Es una causa justa hacer los paros, pero la gente está cansada porque estos tipos ya abusaron de ese mecanismo para visibilizar los problemas. La gente ya está cansada de eso», dijo un dirigente campesino de la vereda Agualinda, en el municipio de Carmen de Atrato, en Chocó.respecto a los bloqueos que duraron más de tres días en las principales vías del departamento. Las concentraciones ocurrieron en la localidad de El Tabor, municipio de Tadó, que conduce de Quibdó a Pereira, y en el sector El 16, Carmen de Atrato, en la vía entre Quibdó y Medellín.
Entre las demandas de las comunidades indígenas y campesinas de Carmen de Atrato, llamó especialmente la atención una petición: que la Empresa Distribuidora del Pacífico SA (Dispac), encargada del servicio energético en el departamento, dejó la obra en manos de las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Aluden a incumplimientos que han provocado interrupciones en el servicio en la región.
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A raíz de la paralización del suroeste del país y los graves daños en vías claves del Cesar, Chocó y Urabá, Antioquia, representantes de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior se reunieron la tarde del viernes con los líderes de las protestas.con la presencia y supervisión de delegados de la Defensoría del Pueblo, y se llegó a un acuerdo preliminar que permitió ayer por la tarde el regreso de los manifestantes a sus territorios y el cese de los bloqueos. Para esto, El Gobierno Nacional estableció un espacio permanente de consulta denominado ‘Por la Vida y la Permanencia en los Territorios’, el cual consta de múltiples mesas de diálogo que se realizarán con las diferentes comunidades y con el fin de discutir diferentes puntos de interés de los manifestantes a lo largo de la próxima semana.
Stefanía León Arroyave,
Carolina Bohórquez
y Michel Romuleroux
Editorial Nación y Cali
EL TIEMPO
