Recientemente, una serie de inquietudes han surgido en relación con el Corregimiento de Bonda, que se localiza en la zona rural de Santa Marta y representa la puerta de acceso a la majestuosa Sierra Nevada. Estas quejas han generado preocupación entre ambientalistas, líderes sociales y miembros de la comunidad local.
El abogado y reconocido activista Rodrigo Martínez decidió hacer pública esta inquietud a través de un video en sus redes sociales, en el que denuncia a una empresa de Bogotá por ser la responsable de la tala indiscriminada de árboles en la región.
“Esto está ocurriendo en Bonda, y no podemos seguir permitiéndolo”, exclamó Martínez en el video, que incluye impactantes imágenes que evidencian la presencia de maquinaria pesada y amplias áreas de vegetación devastada. “Las imágenes no requieren mayor explicación; el área que se muestra en Bonda, antes cubierta por jungla, ha sido severamente alterada. No se trata solo de una propiedad; estamos hablando de un ecosistema vital que estamos perdiendo”, acotó.
La publicación del video desató una oleada de indignación entre los usuarios, quienes están exigiendo la intervención inmediata de las autoridades ambientales competentes.
Estamos en alerta respecto a garantizar que las acciones se realicen sin perjudicar nuestro territorio
Proyecto eléctrico con licencia nacional
Talas descontroladas en la zona rural de Santa MartaFoto:Archivo privado
Después de que la controversia estallara, la Corporación Autónoma Regional de Magdalena (Corpamag) emitió un comunicado en el que aclara que el registro visual corresponde a un proyecto de interconexión eléctrica liderado por el Grupo de Energía Bogotá, mediante su filial.
De acuerdo con Corpamag, las actividades dieron inicio en enero de 2025 y cuentan con una licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que fue formalizada a través de la Resolución 2775 emitida en diciembre de 2024.
“Este proyecto tiene como objetivo garantizar la conexión eléctrica entre el municipio de Ciénaga y la subestación Bonda. Dado que se trata de una infraestructura de alcance nacional, la concesión no es de nuestra competencia”, aclaró Corpamag en su comunicación oficial.
La licencia permite un uso de bosque que abarca hasta 269 metros cúbicos de madera en una extensión de 6.17 hectáreas, junto con un plan de compensación ambiental previsto.
A pesar de ello, Corpamag anunció la realización de una visita técnica junto a la empresa responsable para asegurar que las labores de campo se ejecuten conforme a las normativas vigentes. “Estamos comprometidos a observar que se cumpla con lo que se ha estipulado, sin poner en peligro nuestro territorio”, aseguró Gustavo Pertuz, subdirector de gestión ambiental.
«Nadie aquí nos consultó», afirma la comunidad
En medio de esta situación, los residentes de Bonda manifestaron sentirse desinformados y excluidos del proceso de desarrollo del proyecto.
Juan Carlos Cantillo, representante de la comunidad, cuestionó la falta de socialización de las obras y expresó su inquietud por los posibles impactos ambientales que podrían derivarse. “No estamos en contra del progreso, pero nadie nos escuchó. De repente, llegaron con maquinaria pesada y comenzaron a talar árboles. ¿Quién se hará responsable por los barrancos que se ven afectados y por la fauna que desaparecerá?”, se quejó Cantillo, mostrando su frustración.
El líder comunitario también denunció que la empresa no ha proporcionado información adecuada sobre la compensación ambiental ni ha facilitado espacios para el diálogo con los habitantes de la zona. “No es suficiente contar con una licencia; lo mínimo que se espera es el respeto por quienes habitamos aquí”, sostuvo.
Entre el avance del desarrollo y la protección del medio ambiente, la controversia continúa.
Frente a las críticas recibidas, Linza, la empresa responsable del proyecto, aseguró que todo está siendo llevado a cabo en concordancia con las regulaciones ambientales y un estricto seguimiento técnico. Además, la empresa manifestó que las zonas afectadas recibirán una compensación ecológica que superará seis veces los requerimientos, enfocándose en la restauración y conservación de los ecosistemas estratégicos de la región.
No obstante, para los líderes locales y defensores del medio ambiente, esto no resulta suficiente.
Rodrigo Martínez, por su parte, reiteró su llamado a los ciudadanos para que no permanezcan en silencio. “No podemos seguir siendo meros espectadores mientras nuestros ecosistemas son destruidos bajo permisos oficiales. Bonda necesita ser escuchada, y eso es lo que demandamos”, concluyó.
Además, lo invitamos a ver nuestro documental ‘Explotación sexual en Cartagena: Voces silenciadas’
Documental del periodista Jineth Bedoya.Foto:
Roger Urieles
Especial para El Tiempo
Santa Marta
