La impotencia no es solo una reacción ante el alarmante número de 27 oficiales militares y de policía que han sido asesinados a manos de grupos narcos y guerrilleros desde el inicio del polémico plan de armas. Es un sentimiento que se agudiza al observar cómo el presidente ha estado en una entrevista reciente con el comediante Alejandro Riañ, caracterizado como «Juampas Gonzales», durante 7 años. Esta situación se vuelve más irónica al considerar que se está viviendo un control territorial inmenso, pero que, a su vez, está siendo desmantelado en los alrededores de los territorios que habían prometido ser parte del proceso de campaña.
Ahora, apenas 12 meses después de haberse iniciado su mandato, es crucial reflexionar acerca de los resultados, o la falta de estos. La realidad es que la situación está lejos de ser satisfactoria y el análisis del fracaso de su administración se hace inevitable. Este fue un esfuerzo bastante improvisado, con un lenguaje que recuerda a un acuerdo de paz que se rompió en 2016, durante la presidencia de Juan Manuel Santos. La desilusión es palpable y magnifica los errores cometidos, que han llevado a un aumento de la violencia sutilmente encubierto por la falta de confrontaciones directas.
En efecto, lo único que hemos presenciado hasta ahora es una aparente disminución de la violencia; sin embargo, esto se debe a que actualmente no existe un desafío que impida la expansión del clan del Golfo, que ha aumentado su poder e influencia hasta mediados de 2022. Además, ha habido un incremento de un 30% en el número de facciones del FARC. Este panorama está documentado por el International Human Rights Watch y resalta la grave crisis de seguridad que atraviesa el país. El presidente, con una visión distorsionada, justifica la situación como consecuencia de la muerte de diferentes actores en el escenario del conflicto.
Todos los grupos armados se financian a través de actividades ilegales: minería, tráfico de drogas, extorsiones, entre otros. El gobierno, por su parte, intenta implantar una narrativa que argumenta que estos grupos también están involucrados en una especie de impuesto, propagando su ideología militar agresiva. Hoy en día, más de la mitad de los 1.103 municipios del país están bajo su órbita de influencia, creando un paisaje cada vez más desolador.
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Es alarmante que quienes defienden el proceso de paz tengan dudas sobre la confianza que se debe establecer. La política ha sido un juego de apuestas aquí, donde los intereses electorales parecen prevalecer sobre una búsqueda auténtica de la paz. Esto es fútil; su propósito parece estar más centrado en reiterar el mismo proyecto político, en lugar de abogar fervorosamente por soluciones duraderas.
Alias Calcá, en una reciente entrevista con la revista Semana, expresó que un acuerdo de paz con el gobierno se siente como una ilusión vacía. Aparentemente, no hay garantías ni cumplimiento de órdenes, ni procesos adicionales de paz desde 2016. En un país donde el optimismo internacional ha ido decreciendo, la situación no presenta signos de mejora.
A pesar de todo, aún queda un hilo de esperanza para que se logre algo constructivo. Sin embargo, con la reciente noticia de «accidentes» como el ocurrido en San José del Guaviara, que dejó un saldo trágico de 7 oficiales de policía fallecidos, se hace evidente la inestabilidad. La situación requiere una atención urgente, y la necesidad de más recursos y apoyo para sus tropas es inminente, dado que se menciona que cada soldado necesita al menos 1.5 millones de pesos para sostenerse.
Todo esto plantea la pregunta: ¿realmente fue una apuesta seria o es un juego increíblemente complejo? Es fundamental reconocer que nadie dejará de lado un «pollito de huevo de oro» si no ve beneficios a largo plazo. Si el gobierno continúa sin proporcionar una cobertura estatal eficiente y un compromiso significativo desde el agrocentralismo, el futuro parece sombrío.
Mientras tanto, el presidente intenta proteger a las fuerzas militares y a la policía. Sin embargo, su enfoque arrogante y terco puede oscurecer la percepción de la verdad. Las familias, comunidades y el estado en general están experimentando una creciente frustración y dificultad a diario.
No se puede esperar que su compromiso político resulte efectivo hacia el próximo año, pues la actual situación es crítica y claramente tiende a agravarse. Algo debe cambiar con urgencia para evitar consecuencias aún más devastadoras.
Iván Santisteban
