Policía y soldados asesinados en 2025

Desde el pasado 5 de abril, cuando José Miguel Demoya Hernández, conocido popularmente como Chirimoya, fue dado de alta, la situación de seguridad en Colombia se ha visto marcada por una alarmante escalada de violencia. Chirimoya es la mano derecha de ‘Chiquito Malo’, el líder del ‘clan del Golfo’. Este contexto ha desatado una feroz ola de violencia en contra de las fuerzas armadas, donde el precio de los uniformados ha sido claramente definido bajo un macabro ‘plan de armas’.

En un lapso de tres semanas, se han registrado 27 asesinatos de uniformados, muchos de ellos fuera de servicio, especialmente en los departamentos de Antioquia, Bolívar y Córdoba. Investigaciones de las autoridades han señalado que los responsables de estos asesinatos selectivos son, en la región del Caribe, los miembros del ‘clan del Golfo’, mientras que en el interior del país, el ELN y los disidentes de FARC se encuentran involucrados en estos crímenes.

La administración presidencial ha contabilizado estos eventos, pero en el seno de la fuerza pública, el recuento se limita a 22, sin incluir las víctimas de un ataque perpetrado por el bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ en Guaviare.

El presidente Gustavo Petro expresó su indignación al informar que “el ‘clan del Golfo’, en respuesta a la caída de varios de sus jefes, ha optado por asesinar a los hijos de la gente. Un total de 27 policías y militares han caído bajo el plan de armas, lo cual es parte de un sistemático ataque hacia familias inocentes. No permitiremos que esto continúe, y estaremos intensificando nuestra ofensiva contra ‘El Clan’.

Paralelamente, las fuerzas policiales, el ejército y la fiscalía están realizando operaciones para capturar a los responsables de este plan criminal. Las tácticas recuerdan a las implementadas por los carteles de Medellín hace aproximadamente tres décadas, en los tiempos más oscuros de la guerra contra el narcotráfico, época en la que el infame capo Pablo Escobar ofrecía grandes sumas de dinero a los sicarios por cada policía que asesinaban.

La mataron con solo 25 años de vida en Simití

El 30 de noviembre de 2001, en Zulia, Norte de Santander, nació Belén Karina Durán Ortiz. Desde pequeña, mientras crecía entre cerros y la vida sencilla del campo, siempre mostró un fuerte deseo de proteger a los demás. Así, a los 18 años, después de un recorrido lleno de sacrificios y un deseo ferviente de servir a su comunidad,決idió unirse a la Policía Nacional.

Desafortunadamente, no pasaron seis años desde su ingreso y ni siquiera alcanzó los 25, ya que el 28 de abril de 2025 perdió la vida en Simití, Magdalena Medio. Durante una operación rutinaria junto a sus compañeros Edwin Agustín Feria Mercado y Javier Escorcia Torres, fueron emboscados por hombres armados que llegaron en bote por la Ciénaga y aterrizaron en el sector Chambacú. El ataque fue premeditado. Belén y Edwin murieron, mientras que Javier se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas.

El Director de la Policía Nacional de Colombia, el general de brigada Carlos Fernando Triana Beltrán, anunció una recompensa de 200 millones de pesos para quienes proporcionen información sobre los autores materiales de este crimen que ha causado gran conmoción en Colombia. Describió el asesinato como un acto de barbarie, una medida desesperada de los grupos armados tras los recientes golpes que han recibido por parte de la fuerza pública a sus líderes. Independientemente de las estrategias desesperadas empleadas, Belén no regresará a su natal Zulia, donde fue sepultada por sus compatriotas, compañeros de trabajo, amigos y familiares.

Un helicóptero Black Hawk sobrevoló la ciudad durante la procesión fúnebre, mientras las calles del municipio se llenaron de personas que acompañaron a la joven patrullera en su último viaje. El ataúd fue llevado a la iglesia y, desde allí, a su tumba en el cementerio de Las Piedras, donde sus restos fueron enterrados, mientras sonaban las melodías de mariachis que tanto le emocionaban.

Soldado secuestrado y asesinado el Viernes Santo

Estaban tras su pista. Así es como se ha dicho en la ciudad de La Vega, donde conocían al soldado profesional Luis Carlos Galíndez Salamanca, hijo de Doña Aura y Don Daniel, quien fue asesinado el último Viernes Santo. Durante la última década, había servido en el ejército, llevando 14 años en filas, siempre aprovechando cada ocasión para estar cerca de sus padres. Participaba en la lucha contra las insurgencias como parte de la Brigada 29 de la tercera división en Popayán. Sin embargo, en su región se ha extendido el rumor entre los residentes de que se ha emitido una sentencia de muerte a cada miembro de las fuerzas militares en esta zona del corazón del macizo colombiano.

Estaba emocionado, ya que había solicitado una licencia para disfrutar de un descanso familiar durante esa semana mayor, y se encontraba bien vestido para la ocasión. Sin embargo, al salir esa noche con amigos de la localidad de Doña Carmenza en el pueblo de El Roble, fueron abordados por extraños en vehículos blindados. Los testigos quedaron paralizados por el terror; nadie se atrevió a oponerse a los armados. Nadie volvió a escuchar sobre él, pero las noticias sobre su secuestro se propagaron rápidamente por la zona de Albania del mismo municipio de La Vega, donde Luis Carlos era oriundo.

Unas horas después del plagio, la comunidad confirmó lo que más temía: su cuerpo sin vida fue encontrado en un paraje de la región. Estaba atado y presentaba heridas de bala. La comunidad mantuvo la escena intacta y resguardó los restos hasta que llegó una patrulla militar cerca de la medianoche.

Juan Carlos Gañán, excomisario del Departamento de Bomberos de Popayán, aún muestra el profundo dolor por la pérdida de su amigo, a quien describe como un hombre que siempre se preocupaba por el bienestar de sus padres.

«Lamentamos profundamente esta pérdida irreparable y expresamos las más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos del soldado.» Así lo manifestaron desde el ejército tras el descubrimiento de su cuerpo en las montañas que lo vieron nacer.

Duró 10 días luchando por su vida y perdió la batalla

Lo último que vio el subintendente Robinson de Jesús Acevedo Castrillón fueron las blancas paredes del hospital donde luchó por su vida con todas sus fuerzas, no los verdes montes de su San Roque natal en Antioquia. El inicio del final de su vida se produjo a las 9:40 p.m. del domingo 20 de abril, cuando su patrulla recibió un informe de un supuesto intercambio de disparos en un establecimiento comercial del municipio de Remedios. Al llegar, en el vecindario de El Ahoguado, fueron atacados por individuos en motocicletas.

Sin previo aviso y sin pronunciar palabra alguna, abrieron fuego en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga. Varios disparos impactaron en el subintendente Acevedo, uno de ellos en la cabeza.

Con lesiones de gravedad, fue trasladado a un centro de salud de la región, desde donde, debido a la severidad de sus heridas, fue enviado al Hospital Pablo Castrillón Uribe en Medellín. Los días pasaron y Acevedo, conocido por ser hijo del presidente de la Junta de Acción Comunitaria de San Isidoro, no mostró mejoras significativas. Su estado continuó siendo crítico.

Desde el lunes 21 de abril, permaneció bajo vigilancia médica en el hospital de la capital de Antioquia. Durante su convalecencia, recibió la visita del gobernador Andrés Julián Rendón, quien anunció que los perpetrators fueron identificados como alias ‘Carrillo’ y otro conocido como ‘Matías’. Investigaciones posteriores establecieron que este último, conocido también como alias ‘Chuzo’, figura en la base de datos de la policía antioqueña como desmovilizado.

Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos médicos, el miércoles 30 de abril, después de diez días de hospitalización, se confirmó la muerte del subintendente.

Su familia lo perdió en una explosión en Huila

En La Monta, Urrao, su recuerdo vive como un joven inquieto, soñador, creativo, apasionado por las bicicletas. Andrés Felipe Cossio Varela, soldado profesional de 29 años, fue víctima de una explosión activada a manos de disidentes de las FARC. Era el 7 de marzo, cuando su hermano Alexander recibió la devastadora noticia del asesinato, en medio de enfrentamientos que tuvieron lugar en El Bosque, municipio de Algeciras, Huila.

Ese día, hubo combates prolongados en la zona, lo que llevó a que tres de sus compañeros se perdieran en el área montañosa. Durante las labores de búsqueda, Andrés Felipe, como líder del grupo, sufrió heridas severas tras una explosión provocada por un artefacto de fabricación casera controlado a través de un teléfono móvil. Los ataques de este tipo son comunes, ya que las organizaciones subversivas suelen emplear métodos en los que ensamblan explosivos utilizando materiales triviales como tambores y clavos para crear dispositivos letales.

Tras la explosión, las condiciones en el área dificultaron el rápido recupero de su cuerpo. Las heridas de su lado izquierdo fueron devastadoras, y su pie y mano quedaron severamente dañados, al igual que su rostro, que fue seriamente afectado.

Días antes de ese fatal episodio, Andrés Felipe había hablado con su familia, expresando preocupación por la creciente inestabilidad en la seguridad en los municipios de Huila.

Con profundo dolor, ira y angustia, su familia dio el último adiós al soldado en el cementerio del municipio, sumergiéndose en un abismo de tristeza. Su hermano, con una voz conmovida, recordó que Andrés Felipe era el más joven de la familia, fruto del trabajo y el sacrificio de su madre, ama de casa, y su padre, un hombre trabajador. “Andrés Felipe soñaba con estudiar, trabajar y convertirse en alguien importante en la vida para ayudar a nuestros padres”, concluyó con nostalgia.

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