En un operativo de gran escala, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en coordinación con la Fiscalía General de la República, logró desmantelar una sofisticada estructura criminal dedicada al saqueo sistemático de la infraestructura de telecomunicaciones en Antioquia.
La operación culminó con la captura de nueve personas, acusado de causar pérdidas superiores a los mil millones de pesosafectando la conectividad de miles de usuarios en la región.
Lo más alarmante de la investigación, que se extendió desde 2023, fue el descubrimiento de ‘caballos de Troya’ dentro de la industria.
Capturas policiales Foto:policía de mebog
Cuatro de los detenidos trabajaban como contratistas en el sector de las telecomunicaciones..
Esta condición les otorgaba privilegios de acceso y conocimientos técnicos para vulnerar los sistemas de seguridad sin levantar sospechas. Incluso, Luego de robar el material, volvieron a precintar las estaciones para retrasar el descubrimiento del hecho ilícito, permitiéndoles operar con impunidad durante meses.
El lucrativo mercado negro de las baterías
La investigación dio un giro definitivo en mayo de 2025, cuando las autoridades Recuperaron 24 baterías de litio valoradas en 150 millones de pesos.
Baterías de litio Foto:iStock
Estos artículos no fueron robados al azar; La red los comercializaba para alimentar proyectos de paneles solares, vehículos eléctricos y cultivos hidropónicos.
Además de baterías, la banda centró su actividad en el robo de centrales eléctricas y cableado de cobre, elementos vitales para la estabilidad de la red móvil e internet en el departamento.
Resultados de la operación
Bajo el liderazgo del general de brigada Henry Yesid Bello Cubides, se realizaron cinco diligencias de allanamiento e incautación que permitieron materializar las órdenes judiciales.
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Los involucrados ahora enfrentan cargos por robo calificado y agravado, así como concierto para delinquir..
Con este resultado, las autoridades envían un contundente mensaje contra el vandalismo a los servicios públicos, un delito que no sólo afecta la economía de las empresas, sino que también pone en riesgo la comunicación ciudadana en situaciones de emergencia.
