La oficina de la Asociación y la Oficina del Defensor del Pueblo, durante su monitoreo exhaustivo de los informes relacionados con una orden judicial que compromete a un marinero, han puesto de relieve la situación crítica que enfrenta Berlín. Este lugar se describe como un ecosistema vital que no solo sostiene el agua y la biodiversidad, sino que también garantiza los derechos fundamentales de las comunidades en Santander y Norte de Santander. Sin embargo, es evidente que han existido repetidas violaciones por parte del ministerio del medio ambiente hacia estas garantías, lo que suscita una gran preocupación tanto a nivel local como regional.
Además, se ha observado que los organismos de control disciplinarios han emitido advertencias claras: más de siete años después de haberse dictado la sentencia que ordenaba la demarcación del área en cuestión, aún no se ha adoptado el acto administrativo correspondiente. Esta inacción se agrava enormemente por la actual crisis ambiental y social que azota la región. La proliferación de la minería ilegal, junto a diversas informalidades ilegales, ha exacerbado los problemas, manifestándose en el deterioro de las condiciones de vida y medioambientales de las comunidades locales.
Uno de los aspectos más alarmantes que se ha mencionado es la grave falta de participación ciudadana en los procesos de consulta y gestión. De las siete mesas de trabajo que se habían planificado, únicamente se ha llevado a cabo una en Bochalem, dejando a comunidades de 13 municipios sin representación ni voz en los asuntos que les conciernen. Esta situación es particularmente crítica en las áreas rurales, donde la conectividad y el acceso a la información son limitados, lo que a su vez impide que sus pobladores puedan participar activamente en la defensa de sus derechos y en la protección del entorno que los rodea.
La oficina del abogado y el defensor del pueblo ha hecho un llamado al tribunal para que evalúe las posibles sanciones ante el desprecio de la orden judicial que sigue sin cumplirse. Asimismo, se ha solicitado que cualquier proceso futuro garantice la participación de los ciudadanos, cumpliendo con todos los requisitos del debido proceso que proteja tanto el medio ambiente como los derechos de las personas. En este contexto, el respeto por el Acuerdo de Escazú y el acuerdo de prioridad se han mencionado como condiciones indispensables para la implementación de cualquier otro instrumento relacionado con la gestión ambiental en la región.
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