Los ataques explosivos perpetrados por pandillas criminales en la Región de Catatumbo, norte de Santander, parecen no tener fin. La violencia creciente en esta área ha alarmado a las autoridades y a los ciudadanos, quienes deben vivir constantemente bajo la amenaza de estos actos delictivos. El más reciente incidente ocurrió específicamente en el municipio de El Tarra.
Según las informaciones preliminares, el evento ocurrió alrededor de las 7 de la tarde del domingo 11 de mayo cuando los residentes de la zona informaron sobre la explosión de una granada. Esta bomba habría sido arrojada contra una estación de policía, un acto que claramente denota la creciente audacia de las organizaciones delictivas en la región.
La detonación resultó en que un uniformado quedó gravemente herido, siendo esta la consecuencia más grave de la explosión. Los informes de los medios locales también indican que la potente explosión afectó a una carpintería contigua a la estación de policía, causando daños significativos a la estructura de dicho establecimiento. Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales en el incidente, lo que, si bien es un consuelo, no minimiza la gravedad de la situación.
También se ha confirmado que los uniformados heridos fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica adecuada. Las autoridades, preocupadas por el aumento de la violencia, han comenzado a llevar a cabo investigaciones para determinar qué banda criminal o grupo armado es responsable de este ataque.
El aumento alarmante de menores reclutados en Catatumbo
Más de 50 mujeres permanecen retenidas en territorios dominados por actores armados. Foto:Andrés Carvajal
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha emitido un informe alarmante, revelando que más de 66,000 personas han sido desplazadas, se han registrado 126 homicidios y 36 casos de reclutamiento de menores, de los cuales el 23 % son migrantes venezolanos. Esta situación refleja no solo la violencia sino también la complejidad de la crisis humanitaria en la región.
Después de visitar Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó su profunda preocupación por las condiciones de riesgo que continúan afectando a las comunidades locales. En esta región, más de 900 personas siguen viviendo en refugios, y aquellos que han regresado a sus hogares enfrentan la realidad de hacerlo sin garantías mínimas de seguridad. Aproximadamente 11,000 individuos permanecen confinados, buscando evitar las balas de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.
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Según el último informe del puesto de comando unificado, se ha documentado que entre los más de cien víctimas fatales, al menos 23 eran niños y adolescentes que habían sido reclutados por los grupos armados. Esta situación es un crimen que refleja la tragedia de esta crisis. “El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años es un crimen perpetrado por grupos armados no estatales. Las redes sociales juegan un papel importante en facilitar este tipo de captura en Colombia», advirtió Campbell.
Además, Campbell se hizo eco de las alarmas del defensor del pueblo sobre el creciente número de casos de violencia basada en género. En medio del deterioro del orden público, se han registrado 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, con un alarmante 64 % de las víctimas siendo migrantes, lo que subraya la vulnerabilidad de ciertos grupos en esta crisis.
Felipe Santanilla Ayala
Escribiendo las últimas noticias
