En esta columna, hemos señalado que Colombia se enfrenta a tres pérdidas significativas que podrían tener un impacto duradero y negativo en su economía: la posible pérdida de una línea de crédito flexible (LCF) aprobada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la disminución de la inversión y la reducción del apoyo de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico. De estos, la LCF es un aspecto menos conocido pero fundamental. Aunque no se trata simplemente de un préstamo, su existencia actúa como un sello de confianza en nuestras políticas económicas. La pérdida de este instrumento no solo sería un duro golpe para la estabilidad macroeconómica del país, sino que podría desencadenar una reacción en cadena que lleve a un colapso económico devastador.
Desde que Colombia acordó incorporar este instrumento en 2009, ha contado con un mecanismo que le ofrece un seguro para hacer frente a crisis económicas sin necesidad de endeudarse inmediatamente. El valor de la LCF radica en su existencia misma, mucho más que en el capital que se podría obtener a través de un préstamo. Al reducir el riesgo percibido del país, la LCF disminuye los costos de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas y los hogares. Esta herramienta también genera confianza entre inversionistas, agencias de calificación de riesgos y organizaciones multilaterales, facilitando así el acceso al financiamiento en términos más favorables y promoviendo un entorno propicio para la inversión.
La pérdida de esta ancla de credibilidad tendría consecuencias inmediatas y perjudiciales: el riesgo asociado a Colombia incrementaría, deteriorando la percepción sobre los bonos soberanos, y dificultando el acceso a financiamiento externo, haciéndolo considerablemente más costoso. En un contexto global donde las tasas de interés siguen siendo alta y los mercados financieros se caracterizan por su volatilidad, la ausencia de la LCF debilitaría la posición internacional de Colombia. El país podría ser visto como una economía vulnerable, expuesta a los vaivenes de los precios internacionales de los commodities, crisis financieras regionales o incluso recesiones globales. En medio de esta creciente incertidumbre, es crucial sostener esta ventaja estratégica que no debemos comprometernos.
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Algunos críticos sugieren que Colombia debe renunciar a la LCF para enviar un mensaje de independencia, incluso el presidente ha descalificado este instrumento, describiendo al FMI como un vampiro. Sin embargo, esta narrativa confunde la noción de soberanía con la vulnerabilidad. La verdadera soberanía económica radica en la capacidad de resistir y responder a situaciones adversas, no en debilitarse ante la adversidad. Mantener el acceso a la LCF es un acto de responsabilidad fiscal y previsibilidad, no una señal de adicción a la deuda. Aunque los costos de mantener esta línea de crédito son evidentes, estos son menores en comparación con los posibles costos de una crisis financiera. Prevenir un problema antes de que ocurra es siempre más eficaz que improvisar en tiempos de crisis.
Internamente, Colombia se enfrenta a un considerable déficit fiscal, que está incrementando la deuda pública, y a un crecimiento económico moderado, además de enormes desafíos sociales. En este contexto, la LCF se convierte en una pieza esencial de nuestra arquitectura de estabilidad macroeconómica. Sin embargo, preservar el LCF no se trata de una cuestión técnica o burocrática; es una cuestión de estado. Debemos asegurarnos de que Colombia siga siendo vista como un país confiable, prudente y previsor. La estabilidad, al igual que la reputación, se construye a lo largo del tiempo, pero puede perderse en un instante. No debemos jugar con esto; la responsabilidad macroeconómica es una tradición nacional que ningún gobierno debería sacrificar. La propuesta de reducir el presupuesto podría ser un primer paso positivo en este proceso.
Simón Gaviria Muñoz
