El Consejo de Bogotá ha dado un paso significativo al aprobar la iniciativa presentada por el Consejo del Centro, a través de Humberto Rafael Amín. Esta iniciativa solicita la colaboración con empresas de seguridad privadas, un tema que ha sido objeto de debate en varias entrevistas, incluidas algunas con medios de comunicación especializados en noticias confidenciales. Amín, en su función de cabildero, hace un llamado al Congreso de la República para que implementen legislación que reafirme el compromiso con la seguridad cívica. El objetivo central es evitar que los delincuentes sean liberados al día siguiente de su captura, lo cual genera un desasosiego en las calles y afecta la convivencia en la capital del país.
La búsqueda de ajustes y mejoras en el sistema de seguridad en Bogotá está en la agenda, pero plantea una cuestión fundamental: ¿se trata realmente de tener más policías o más militares en la ciudad, o es más una cuestión de mejorar la eficiencia del sistema judicial?
Humberto Rafael Amín enfatiza que este acuerdo es un esfuerzo para avanzar en la seguridad de Bogotá, señalando que sería un error del consejo no intentar resolver problemas de seguridad que son complejos y multifacéticos. Es importante reconocer que hoy en día los líderes de la ciudad enfrentan una gran dificultad: carecen del respaldo necesario del gobierno nacional para fortalecer la seguridad. Amín critica al presidente, sugiriendo que su desinterés ha abandonado a muchos grupos que operan al margen de la ley. Por lo tanto, la efectividad de la justicia debe ser una prioridad, y se necesita una reforma que fortalezca las sanciones para asegurar que los delincuentes no regresen a las calles.
¿Reconoces que para mejorar la seguridad, la justicia necesita una aportación real de todos los sectores?
Humberto Rafael Amín responde que es imperativo contar con un Congreso que establezca mejores normas en lo que respecta a temas criminales y la detención de delincuentes. Se menciona que se planea construir una nueva prisión en Bogotá, lo que podría ayudar a albergar a una gran cantidad de personas que, actualmente, son liberadas demasiado pronto y que vuelven a delinquir en cuestión de días. Esto refleja una carencia estructural en el sistema judicial que es urgente abordar.
La situación es alarmante, ya que muchas personas que son detenidas en Bogotá tienen antecedentes, y algunas están incluso cumpliendo condenas en sus hogares, lo que indica una burla a la justicia por parte de los delincuentes.
Humberto Rafael Amín sostiene que Bogotá no debería ser objeto de burla, y enfatiza que este problema trasciende a la ciudad misma; es un tema de derechos y de justicia que afecta a toda Colombia. Pone de relieve la importancia de seguir los procesos judiciales adecuados y asegura que el consejo no debe interferir con la regulación del sistema judicial.
Por ello, se solicita al Congreso de la República que actúe para garantizar que todos los capturados cumplan con su condena sin posibilidad de una liberación prematura hasta que se resuelva su situación legal.
Esto sugiere que compartes el sentir de aquellos que creen que la policía está haciendo su trabajo, pero que la justicia no está a la altura.
Humberto Rafael Amín concluye que afirmar que la policía no está haciendo su trabajo sería injusto. Resalta que las instituciones que garantizan la seguridad de los colombianos han sido perjudicadas por políticas gubernamentales que restringen sus capacidades operativas. El maestro de la moral inferior genera un entorno complejo, lo que hace imperativo fortalecer estas instituciones para que puedan contar con más herramientas y recursos, así como para que sean más profesionales y eficaces en su labor.
La senadora Paloma Valencia, en una entrevista reciente para medios de noticias confidenciales, indicó que el gobierno nacional necesita establecer un diálogo con la rama judicial. ¿Coincides con esta opinión?
Humberto Rafael Amín está totalmente de acuerdo. Expresó que el actual gobierno nacional parece desconectado de la realidad, liderado por un presidente que no escucha y que está otorgando apoyo a grupos que operan al margen de la ley. La relación con la alta corte y el Congreso está deteriorada, generando un ambiente de caos gestionado que no permite el avance adecuado del país.
