Cuando Gustavo Petro asumió la presidencia, prometió que Colombia se convertiría en una «potencia mundial de la vida». Fue un discurso potente, lleno de simbolismo y esperanza, que propuso un cambio profundo en la relación del país con su territorio, sus recursos naturales y su gente. Dos años después, la promesa sigue dando que hablar Casa Nariñopero el resto está ahí, sólo palabra.
En los primeros meses de su gobierno se sintió un renovado impulso. El país empezó a hablar de transición energética, justicia ambiental y poner el agua en el centro de las decisiones. Y, de hecho, se han materializado algunos acontecimientos concretos. Según el Departamento de Planificación Nacional, Colombia ha avanzado un 60% en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en el frente social, más de un millón y medio de personas han salido de la pobreza monetaria entre 2022 y 2023. Son cifras que muestran un esfuerzo genuino por combinar la sostenibilidad ambiental con la inclusión social, algo que muy pocos gobiernos de la región han intentado seriamente.
También hubo señales alentadoras en el sector energético. En 2024, se otorgaron 25 nuevas licencias para proyectos de energía renovable (una cifra sin precedentes en la historia del país), incluidos parques eólicos y solares que en conjunto podrían aportar más de cinco gigavatios de capacidad neta a la red nacional. También se ha avanzado en la regulación de la ley de plásticos de un solo uso, en la protección de humedales y en la formalización de tierras campesinas. Son pasos que, en cualquier otra situación, podrían considerarse grandes logros. Pero en Colombia, donde las heridas ambientales son profundas y las economías ilegales se mezclan con la vida cotidiana, el cambio nunca ha sido lineal.
La deforestación es un buen ejemplo de esta contradicción. En 2023, el país logró una reducción histórica del 36% en la pérdida de bosques en comparación con el año anterior, alcanzando la cifra más baja en casi una década. En Amazon, la caída fue aún más pronunciada y por un momento pareció que la tendencia hacia el desastre podría revertirse. Pero la alegría duró poco. En 2024, datos del IDEAM y organismos internacionales mostraron que la deforestación volvió a aumentar, esta vez en un 35%, con más de 107 mil hectáreas destruidas. Las causas son las mismas de siempre: expansión ganadera, acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos y minería ilegal. Los acuerdos de conservación con agricultores y comunidades ayudaron a detener la destrucción en algunos territorios, pero en otros los grupos armados y la falta de control estatal finalmente socavaron los esfuerzos.
La minería ilegal, por su parte, sigue siendo una herida abierta. Está presente en casi todo el país y ha contaminado ríos, suelos y vidas enteras. La Defensoría del Pueblo estima que cada año se vierten a los ríos colombianos más de 13 millones de metros cúbicos de agua contaminada con mercurio. Es una cifra difícil de imaginar, pero detrás hay historias muy concretas: niños con problemas neurológicos, peces que ya no se pueden comer, comunidades enteras que dependen del agua envenenada. A pesar de las operaciones, incautaciones y retórica de control, el negocio ilegal del oro sigue siendo una de las principales fuentes de destrucción ambiental en el país.
Paralelamente, la contaminación de las fuentes de agua ha ido aumentando silenciosamente. Diez departamentos están ahora en riesgo debido a la presencia de mercurio y otros metales pesados, y en algunos ríos, como el Neči, los niveles de contaminación superan con creces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno creó la «Policía del Agua» con más de ocho mil agentes encargados de proteger los cuerpos de agua. Es una idea valiosa, pero simbólicamente insuficiente en relación a la magnitud del problema. Sumando otra capa a la escasez de hombres en la Policía Nacional.
El plan nacional de desarrollo, titulado Colombia Potencia Mundial para la Vida, incluye una visión ambiciosa: organizar el territorio en torno al agua, transformar la economía según modelos limpios y asegurar una transición energética justa. La intención está ahí, pero la realidad la desafía cada día. Las cifras están mejorando en algunos frentes y disminuyendo en otros; Las leyes avanzan sobre el papel, pero están en conflicto con la informalidad, la violencia, la corrupción y la falta de capacidad institucional.
En muchos sentidos, Petro está intentando cambiar la lógica del desarrollo en un país construido sobre la explotación, la desigualdad y la dependencia de los combustibles fósiles. Pero lograrlo en cuatro años, en medio de una constante crisis social y política, es una misión casi imposible. La sostenibilidad no se determina: se construye con tiempo, confianza, instituciones sólidas y ciudadanos que creen en el proceso.
Hoy Colombia tiene motivos para sentir esperanza, pero también para ser cautelosa. Ha habido logros: más energías limpias o mayor conciencia medioambiental. Pero los desafíos siguen siendo enormes. Detener la deforestación, erradicar la minería ilegal, descontaminar los ríos y garantizar agua potable para todos no son objetivos del gobierno, sino tareas de toda una generación.
Petro quería que su legado fuera una tierra reconciliada con la naturaleza. El discurso de la «vida» sigue siendo poderoso, pero requiere hechos permanentes, concentración en acciones concretas, tanto medioambientales como de seguridad, burócratas eficaces y compostura política (todo lo contrario de lo que es Petro como político).
La gran pregunta es: ¿es posible que este gobierno cumpla su promesa medioambiental (y todas las demás) a pesar de sí mismo?
Juan Camilo Clavijo
