Marzo El primer día ha traído consigo diversas paradojas. En un contexto donde el gobierno convoca a una masiva movilización en defensa de sus reformas laborales, la reciente declaración del ministro de asuntos internos, Benedetti, sobre una supuesta re-transferación de recursos enciende las alarmas. Esta aparente coincidencia «inocente» nos revela una intención oculta del partido gobernante: aprovechar la creciente disconformidad social para fines que trascienden lo que realmente necesitan los trabajadores.
El gobierno parece incapaz de formar una mayoría consolidada en el Congreso y, ante esta dificultad, recurre a la estrategia de movilización callejera como un atajo institucional. Utiliza la consulta popular como si fuera un salvavidas, intentando rescatar un barco que comienza a hundirse. La declaración de Benedetti sobre lo que él denomina «mini reheces» parece más un intento de minimizar la situación; aunque lo presente como una pequeña reestructuración, es evidente que sólo es un movimiento político. Esto sugiere que el verdadero objetivo del partido gobernante es desafiar a la autoridad, más que fortalecer la democracia.
Por otra parte, los sindicatos y miles de personas indígenas, que se están organizando para marchar, deben cuestionar si están siendo instrumentalizados en un juego político de doble cara. Es crucial recordar que todos perdemos cuando los mecanismos de participación se transforman en herramientas que evitan el debate democrático. Este problema se agrava aún más cuando los trabajadores se convierten en meros escenarios para la retórica política.
La protesta social merece un profundo respeto y no debería ser manipulada por el gobierno. La administración actual debería asumir los altos costos políticos que conlleva utilizar este aumento en la movilización como parte de una estrategia institucional. Los colombianos son lo suficientemente astutos como para no caer en estas trampas semánticas, ya que saben diferenciar perfectamente entre la genuina defensa de los derechos laborales y las maniobras políticas disfrazadas de participación ciudadana.
Si el gobierno persiste en este doble discurso, eventualmente minará su propio capital político, que es más necesario que nunca, especialmente ante una campaña electoral que avanza con astucia. Aunque el presidente Petro representa una oportunidad histórica para abordar estos problemas con claridad, es fundamental que no se separe públicamente del concepto de «mini reestructuración», además de comprometerse a respetar los límites establecidos por el mandato presidencial.
No obstante, su persistente silencio sugiere una posible complicidad en esta situación tan preocupante. El verdadero significado de esta consulta no se encuentra sólo en lo que se dice, ya que el silencio puede ser aún más ensordecedor; es una advertencia sobre el riesgo de que nuestra democracia se utilice para satisfacer ambiciones personales, como si fuera una herramienta para deshacerse de obstáculos.
En conclusión, cuando el poder del presidente confunde las luchas legítimas con sus propias aspiraciones políticas, no solo perjudica a aquellos a quienes dice representar, sino que también envenena el entorno democrático. Colombia merece gobernantes que se comprometan a transformar realidades, lejos de un realismo mágico que convierte las necesidades de la población en trucos para mantener el poder.
Presidente, recuerde que la verdadera justicia social no se construye a través de atajos institucionales o movilizaciones manipulativas, sino a través de la transparencia, respetando las reglas del juego auténtico y la voluntad de realmente servir al pueblo… no de servirse de él.
Luis Fernando Ulloa
