Nicolás Maduro se declaró inocente este lunes 5 de enero de los cargos de narcoterrorismo y otros delitos que le imputó la justicia de Estados Unidos, durante una audiencia en un tribunal federal de Nueva York. El presidente venezolano, de 63 años, insistió en que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y negó cualquier vínculo con el narcotráfico.
Maduro enfrenta cuatro cargos penales, entre ellos narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. En el mismo proceso judicial, su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de los delitos que se le imputaban.
El tribunal fijó la próxima comparecencia judicial para el 17 de marzo. Imágenes difundidas por medios internacionales mostraban a Maduro y Flores con las manos atadas, escoltados por guardias armados desde un centro de detención en Brooklyn hasta un helicóptero que los trasladó a la sede judicial.
Según la acusación, Maduro habría liderado durante años una red de tráfico de cocaína en alianza con organizaciones criminales como los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, las disidencias de las FARC en Colombia y la banda venezolana Tren de Aragua. Los fiscales sostienen que estas actividades se habrían extendido desde su etapa como diputado en la Asamblea Nacional, a partir del año 2000, pasando por su cargo de canciller, hasta su llegada a la Presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez.
El gobierno estadounidense ya había presentado cargos contra Maduro en 2020, dentro de una amplia investigación por narcotráfico que involucra a funcionarios venezolanos actuales y retirados, así como a guerrilleros colombianos. Una acusación actualizada, publicada recientemente, incorporó nuevos detalles del caso y agregó a Cilia Flores como coacusada.
Durante años, Maduro ha rechazado estas acusaciones, asegurando que son parte de una estrategia “imperialista” de Estados Unidos para intervenir en Venezuela y apoderarse de sus reservas de petróleo. Washington, por su parte, lo considera un gobernante ilegítimo desde las elecciones presidenciales de 2018, que calificó de fraudulentas.
El proceso judicial contra Maduro marca un nuevo capítulo en el prolongado enfrentamiento político y diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo del caso y sus posibles repercusiones regionales.
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