5. Maja, el presidente Petro expresó que «Los puertos en el país están cubiertos con tráfico de drogas y contrabando«, señalando que era momento de realizar un cambio en su administración, lo cual se vuelve urgente debido al incremento de la violencia en las ciudades donde estos operan. Petro también comentó que se había puesto bajo análisis los problemas legales e incluso las normativas existentes, añadiendo que a este respecto, la situación es «fallido«. Concluyó insistiendo en la necesidad de modificar el «Método de control de puertos» (Prensa de presidencia2025).
La declaración de Petro generó de inmediato preocupación en la comunidad comercial portuaria, la cual opera de acuerdo con la Ley 1 de 1991 (República2025). Un día más tarde, organizaciones como Andi, Analdex y la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI) expresaron su apoyo a la declaración del presidente. Juan Martín Caicedo, presidente del CCI, respondió indicando que es responsabilidad del estado erradicar y controlar el tráfico de drogas y contrabando en todas las infraestructuras, incluyendo puertos, aeropuertos y carreteras (colombiano2025).
Dos días después, Petro aclaró que no se cambiarían las administraciones en los puertos, sino que se intensificaría la vigilancia, la cual actualmente está controlada por grupos delictivos, conocidos coloquialmente como «mafias» (El w2025).
El problema presentado por el presidente Petro es sumamente grave. Aunque la administración portuaria es compleja, la inseguridad relacionada con el tráfico de drogas y contrabando es un tema urgente que necesita atención. Si bien Colombia ha logrado algunos resultados operativos positivos con la gestión privada de los puertos (JMCAITED, X.2025), hay una coexistencia con una situación crítica que no debe ser ignorada.
El país es un epicentro clave para las actividades comerciales internacionales, lo que lo convierte en un blanco perfecto para el tráfico de drogas, especialmente en un contexto donde Colombia sigue siendo uno de los principales productores mundiales de cocaína (Estadístico2024). La violencia y la corrupción que derivan de esta actividad son profundas y extendidas. Como señaló Caicedo, el control sobre estas operaciones depende en gran medida de la policía y el ejército, bajo la dirección del Ministerio de Defensa, aunque es esencial que los concesionarios cooperen con las autoridades.
La gestión de puertos se vuelve peligrosa para los operadores privados en un entorno como el colombiano. Es común que se reporten muertes entre empleados que no colaboran con las mafias. La corrupción se presenta en múltiples formas, ya que los traficantes son innovadores, constantemente desenvolviendo nuevas formas de ocultar sus actividades delictivas. Las estrategias de seguridad deben ser sumamente avanzadas y ágiles, debido a que aquellos responsables de la seguridad frecuentemente son susceptibles a las influencias corruptas de los mismos grupos que están destinados a combatir.
Es crucial eliminar la dependencia de indivíduos, o al menos minimizar la identificación personal en los procesos para evitar la infiltración en la recolección de datos. Las políticas públicas en materia de seguridad portuaria deben ir más allá de las estrategias policiales e incorporar un enfoque que contemple también la logística operativa. Por ejemplo:
- Inteligencia preventiva y reacción: todas las actividades de inspección, incluidos los perfiles y revisiones, deben estar bajo la administración de la policía como autoridad encargada. La inteligencia de seguridad exige ser rigurosa, utilizando la tecnología más avanzada y sistemas automatizados capaces de detectar posibles actividades criminales.
- Conexiones de seguridad aisladas: todos los puertos deben contar con áreas de alta seguridad, completamente aisladas de cualquier influencia externa y equipadas con tecnología avanzada que permita prever actividades ilegales. Específicamente, las medidas en el lado portuario deben ser fortalecidas, ya que son áreas muy vulnerables.
- Inspección de carga rigurosa: cualquier carga que entre al puerto debe ser inspeccionada a fondo mediante escáneres de rayos X para evaluar contenedores y vehículos de transporte. Las imágenes generadas deben ser analizadas a través de sistemas de inteligencia artificial que emitan alertas automáticas ante cualquier anomalía, activando inmediatamente una respuesta policial.
- Control estricto en patios: se debe implementar un «vigilante policial permanente» en patios y muelles, evitando que cualquier persona transite sin estar completamente identificada y autorizada. Por ejemplo, los camioneros no deben bajar de sus vehículos bajo ninguna circunstancia. La policía debe actuar de inmediato si se violan estas reglas.
- Rotación aleatoria del personal: los operadores de grúas y otros equipos en muelles deben ser rotados aleatoriamente en cada turno para evitar conexiones con actores corruptos o ilegales. Este proceso de rotación debe ser controlado desde un centro de cómputo que esté ubicado fuera del país, asegurando que los empleados locales no influyan en las operaciones.
- Rediseño de los patios de contenedores: el diseño de los patios de contenedores debe aplicar la metodología Jake (Error), evitando físicamente la apertura ilegal de contenedores destinados a la exportación. Por ejemplo: la instalación de pines de concreto que impidan la apertura de las puertas de los contenedores desde el suelo.
- Gestión inteligente de marca registrada: estos sistemas deben ser aplicados en el puerto y seguir a un contenedor hasta su cliente final en el extranjero, pudiendo ser leídos con dispositivos de campo o lectores automáticos en el punto de conexión. Generan sellos de violación en el puerto, lo que activa la necesidad de inspección policial.
- Identificación de contenedores inteligentes en cada operación portuaria: y en el manejo de grúas tanto al cargar como al descargar desde los barcos en el muelle. Proporcionan datos de trazabilidad sumamente valiosos.
- Inspecciones continuas y auditadas: las inspecciones de contenedores deben ser exhaustivas y todos los procesos revisados para asegurar la transparencia. La policía debe compartir información portuaria que garantice que cada paso del proceso esté registrado y debidamente supervisado.
La implementación de esta política no será barata, pero los costos deben ser vistos en un contexto más amplio: la violencia sobre las vidas humanas, la pérdida de competitividad para el país y los costos relacionados con las exportaciones dañadas son solo algunos de los muchos impactos negativos. La prevención y la contención son cruciales y no deben considerarse como costos, sino como inversiones en la seguridad y en la prosperidad del país.
Es primordial que el presidente Petro y su equipo se enfoquen en desarrollar una política integral y efectiva para abordar este problema de manera sólida. Si se aplica correctamente, Colombia podría dar un paso significativo hacia la lucha contra el tráfico de drogas y la corrupción en sus puertos.
Rafael Fonseca Zarate
