El 8 de diciembre de 2025, los Ministros del Interior de los Estados miembros de la UE llegaron a un acuerdo sobre una nueva regulación de retorno (“Reglamento de Retorno”) para personas que se encuentran irregularmente en el bloque.
Entre las novedades está la posibilidad de crear “centros de retorno” o “centros de retorno” en países fuera del territorio de la UE, es decir, centros a donde se podría enviar a los migrantes cuyo asilo fue rechazado, incluso si esos migrantes no tienen vínculos previos con esos países.
También se establecen reglas más estrictas para los inmigrantes irregulares: períodos más largos de detención, obligaciones de cooperar con las autoridades (identificación, datos biométricos, residencia o disponibilidad), retirada de permisos de trabajo o beneficios si no cooperan y restricciones a la entrada futura.
Además, se amplía la definición de “país de origen seguro/tercero seguro”, facilitando el rechazo de solicitudes de asilo si los solicitantes proceden de esos países.
Qué cambios respecto al sistema anterior
- Hasta ahora, las expulsiones o devoluciones de personas en situación irregular eran limitadas: sólo alrededor del 20% de las órdenes de devolución se ejecutaban realmente.
- Con el nuevo reglamento, la UE busca un sistema de retorno común: una “Orden Europea de Retorno” que permita reconocer órdenes de expulsión entre estados miembros sin reiniciar el proceso, y mecanismos más homogéneos.
- El cambio significa que los Estados miembros tendrán más herramientas para hacer cumplir las decisiones de expulsión, incluido el traslado de personas a terceros países, no necesariamente de origen, una práctica claramente regulada por primera vez.
Qué críticas se han planteado: derechos humanos, riesgos y dudas
- Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes advierten que los “centros de retorno” podrían convertirse en centros de detención prolongada, con condiciones precarias, y que la externalización del asilo podría violar principios internacionales, como el de “no devolución”.
- Algunos países miembros (por ejemplo, España y Francia) han expresado reservas: consideran que la medida es cuestionable en cuanto a su eficacia, que puede ser difícil de mantener y que la práctica de enviar inmigrantes a terceros países sin ningún vínculo es controvertida.
- Los críticos advierten que la reforma apunta más a reducir la migración irregular que a proteger a los refugiados, lo que podría afectar a las personas que necesitan protección internacional.
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