La Declaración de Belém sobre el hambre, la pobreza y la acción climática centrada en las personas, que también pide una financiación internacional más justa para la acción climática, fue aprobada por los líderes de 43 países y de la Unión Europea (UE) tras la cumbre de dos días que finalizó este viernes en Brasil.
Según el documento, el impacto de la crisis climática «ya es y seguirá siendo profundamente desigual», por lo que las respuestas deben priorizar a las poblaciones más vulnerables, especialmente en los países en desarrollo.
El texto aprobado en esta ciudad amazónica del norte de Brasil propone un enfoque de acción climática centrado en las personas, combinando adaptación, protección social y seguridad alimentaria.
Según el comunicado, el impacto del cambio climático es desigual y afecta principalmente a las comunidades más pobres y vulnerables, por lo que además de seguir invirtiendo en mitigación, los países deben priorizar la adaptación, con medidas como seguros para quienes pierdan sus cosechas.
Los firmantes se comprometieron a promover políticas que integren a los pequeños productores rurales, pescadores artesanales, pueblos indígenas y comunidades locales en sus estrategias de mitigación y resiliencia.
Los firmantes de la Declaración de Belém proponen que de los 1,3 billones de dólares de esfuerzo global anual previstos por los miembros de la COP para combatir el cambio climático, al menos 300.000 millones deberían destinarse a los países en desarrollo cada año hasta 2035.
Los firmantes advirtieron que los actuales flujos de financiación climática «no llegan de manera adecuada o justa» a las comunidades más vulnerables.
Entre los firmantes de la declaración se encuentran importantes economías mundiales como China, miembros de la Unión Europea (UE) y países europeos como España, Alemania, Austria, Portugal, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Francia.
También lo son varios países latinoamericanos como Brasil, Colombia, México, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, República Dominicana, Panamá, Cuba y Haití.
Entre las medidas destacadas está la creación de un plan de aceleración de soluciones, que busca coordinar acciones entre gobiernos, organismos multilaterales y el sector privado.
También se establecen ocho objetivos mensurables, entre ellos ampliar los sistemas de protección social sensibles al clima, fortalecer las cadenas alimentarias sostenibles y garantizar medios de vida dignos en las zonas afectadas por la crisis ambiental.
El documento, impulsado por Brasil como país anfitrión de la COP30, refleja una visión en la que se abordan juntas políticas de desarrollo y acciones climáticas.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, la declaración representa «un paso decisivo hacia una agenda climática que ponga a las personas en el centro».
Aunque no crea obligaciones legales, la iniciativa busca servir como referencia política en las negociaciones que comienzan el próximo lunes en Belém para la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). EFE
