En un pequeño departamento del municipio de Villa del Rosario, Norte de Santander, una adolescente de 16 años fue obligada a participar en transmisiones sexuales en vivo.
Detrás de las cámaras no había un negocio legal, sino una red de explotación que aprovechaba la vulnerabilidad de los jóvenes –en su mayoría migrantes venezolanos– para lucrar con sus cuerpos.
Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Foto:Policía de Cúcuta
El menor fue rescatado luego de que las autoridades descubrieran el lugar donde se encontraba un estudio de webcam operado por Carolina Montero Rangel, de nacionalidad venezolana, quien fue capturada por los delitos de trata de personas y pornografía infantil.
Según las primeras investigaciones, Montero reclutó a varias mujeres jóvenes con falsas promesas de empleo y estabilidad económica, pero al llegar fueron sometidas a días de explotación, bajo amenazas y control permanente.
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El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, se refirió a la captura de Montero Rangel, acusado de trata de personas y pornografía infantil, y destacó la gravedad del caso. «Esta mujer instrumentalizó a una menor de edad para la producción de contenido sexual. Estamos hablando de una conducta aberrante que atenta contra la dignidad humana y deja profundas consecuencias en las víctimas», afirmó el oficial.
El coronel Ojeda agregó que este tipo de delitos no tienen beneficios ni sustitutos criminales, y aseguró que las autoridades mantienen una ofensiva permanente contra las redes dedicadas a la explotación sexual infantil. “Los delitos contra niños y adolescentes no admiten justificación alguna. Nuestro equipo de Policía Judicial tiene instrucciones precisas para continuar atacando estas estructuras criminales y poner tras las rejas a quienes participan en este tipo de actos.”, señaló.
El allanamiento permitió localizar equipos electrónicos con grabaciones, teléfonos y discos duros que evidencian los alcances del negocio. Los investigadores buscan establecer si el material se distribuyó en plataformas internacionales y si hay otras víctimas.
Carolina Montero Rangel fue capturada por el delito de trata de personas. Foto:Policía de Cúcuta
El caso pone de relieve un fenómeno que crece silenciosamente en la frontera: la explotación sexual digital de menores. Los traficantes aprovechan la falta de oportunidades, la informalidad laboral y el flujo migratorio para reclutar a sus víctimas. En muchos casos, el contenido se vende en redes clandestinas o se transmite en vivo a audiencias anónimas que pagan para ver los abusos.
La adolescente recibe atención psicológica y apoyo institucional, pero su historia revela la crudeza de una forma moderna de esclavitud. El tráfico sexual sigue siendo una de las economías criminales más rentables y menos visibles del país, sostenida por la demanda global y la indiferencia social.
Coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Foto:Policía de Cúcuta
Mientras avanza el proceso judicial contra el capturado, Las autoridades intentan desmantelar la red detrás del estudio, que habría operado durante meses en el área metropolitana de Cúcuta.
Stefanía León Arroyave
Periodista de la nación
EL TIEMPO
