Él El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por la captura de Anísbal Garavito, también conocido como ‘Miller’, quien es un miembro de la estructura ‘John Linares’ del bloque ‘Jorge Briceño Suárez’, del Grupo armado liderando ‘Calarcá’, como jefe de la emboscada en la que asesinaron a siete militares. Este anuncio ha suscitado una atención considerable en la población, ya que busca no solo la captura de un individuo específico, sino también el restablecimiento de la seguridad en la región.
¿Quién es el alias Miller?
‘Miller’ fue en su momento parte del antiguo FARC y era uno de los signatarios del acuerdo de paz; sin embargo, posteriormente tomó nuevamente las armas. Actualmente, existe una orden de captura en su contra emitida por la justicia, según lo declarado por el ministro, quien identificó a este individuo como responsable del Ataque a la Patrulla Militar que se encarga de proteger el espacio territorial para el entrenamiento y el restablecimiento de Charras, en San José del Guaviare. La gravedad de estos actos ha alarmado a las autoridades y a los ciudadanos, quienes exigen medidas contundentes para restablecer el orden.
La recompensa anunciada por el Ministro de Defensa se realizó tras la celebración de un Consejo de Seguridad, que tuvo lugar con la participación de los comandantes de las fuerzas militares, el gobernador y el alcalde de la ciudad. En esta situación, El ministro también denunció el recrudecimiento del reclutamiento de menores que pertenecen al grupo étnico Nukak y destacó la creciente inseguridad que está afectando al departamento, al tiempo que mencionó la ocupación de tierras rurales por parte de grupos ilegales.
El Ministro Sánchez precisó que «La inseguridad ha sido alterada hace más de un año debido a la separación de los dos carteles de tráfico de drogas dirigidos por ‘Iván Bite’ y ‘Calarcá'». Esta división ha generado un significativo aumento en los índices de homicidios, extorsiones y el reclutamiento de menores, lo que ha impactado la movilidad y la calidad de vida de la población local. Asimismo, el ministro subrayó la necesidad de que el estado recupere el control territorial y garantice la seguridad de sus ciudadanos.
Un equipo de evaluación del gobierno nacional también llega a Guaviare para reunirse con un tercer validador y los delegados de las disidencias de ‘Calarcá’. Según los informes, el presidente Gustavo Petro tomará una decisión respecto a este proceso, una acción que evidenciaría el compromiso del gobierno en resolver esta problemática.
Mientras tanto, Sánchez reiteró que las fuerzas militares y la Policía Nacional deben seguir cumpliendo con su deber constitucional. Aunque existe un cese de las operaciones militares ofensivas y una suspensión de operaciones especiales, la orden es clara: atacar todos los fenómenos del delito en un esfuerzo por proteger a la población civil. En situaciones de amenaza, independientemente del grupo, se debe utilizar toda la fuerza del estado, en concordancia con la legislación internacional de derechos humanos.
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