En un hecho sin precedentes Ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP) Germán Ávila renunció a seguir participando en la Junta Directiva del Banco de la República, porque no compartió su decisión de aumentar en 100 puntos básicos la tasa de intervención a 11,25%, mediante, según él, «utilizar esa mayoría ilegítima». La mayoría del Directorio está compuesto por 7 miembros, 3 de los cuales fueron designados por el Presidente de la República Gustavo Petro y el director Leonardo Villar, cuyo mandato fue renovado por unanimidadcontando con la voz del ex ministro de Hacienda de este gobierno, Ricardo Bonilla.
Según advirtió el director del banco, Leonardo Villar, esta decisión se debe a que «las expectativas inflacionarias aún son altas». Sin embargo, el ministro replicó que «es un puro disparate». Ese es el nivel de debate que ha iniciado. Pero, a decir verdad, si el gobierno no levanta el pie del acelerador del gasto, como ha pedido repetidamente el Comité Autónomo de Reglas Fiscales (CARF), el B de R, como contramedida, aplicará el freno de emergencia para detener la inflación, ahora también alimentada por la Guerra del Golfo Pérsico, instándola a controlar sus políticas.
No faltaron voces de quienes, apoyando la posición del ministro Ávila y sus insultos a quienes se desviaban de sus planes, sacaron a relucir que el Banco Central Europeo, presidido por Cristine Lagarde, y la Reserva Federal estadounidense, presidida por Jerome Powell, sucumbieron a la tentación de subirlos y que prefirieron aumentarlos. Sin embargo, ninguno de los dos directorios de estos bancos centrales tuvo que lidiar con el derrame del gasto público de sus gobiernos, ni con la inusual carga de inflarlo, que ha tenido que afrontar el actual directorio de B de la R. Los hechos son tercos.
De hecho, ignorando los llamados del CARF, el gobierno continuó gastando fuera de control, especialmente en burocracia y contratos adjudicados personalmente, aceitando su maquinaria electoral. Antes de la entrada en vigor de la Ley 996 de 2005, sobre garantías, más de 521.000 contratos directos fueron firmados por entidades estatales, según datos de la Contraloría. Esta contratación masiva añadió más de 32.880 millones de dólares en valor en enero, generando hallazgos y preocupaciones sobre el ritmo de contratación. Se convirtió en un escándalo el caso revelado por la unidad de investigación El Tiempo, que tuvo que recurrir al derecho de petición para acceder a información altamente comprometedora representativa de los innumerables contratos firmados por entidades del gobierno central, sin licitación ni invitación pública, con juntas de acción comunitaria, cabildos y reservas indígenas por valor de $31 mil millones. Y ni hablar de lo que pasó con la deuda. Este último creció de 1,031 billones de dólares en enero de 2025 a 1,205 billones de dólares, un aumento de 170 billones de dólares en sólo un año.
También hay que mencionar el aumento excesivo del salario mínimo legal, que ahora es vital. Mientras las centrales sindicales pedían un aumento del 16%, que muchos analistas consideraban desproporcionado, la generosidad del gobierno fue mucho más generosa, elevándolo al 23,78%, 7,78 puntos porcentuales por encima de las aspiraciones de los trabajadores. Todas ellas son presiones que alientan «expectativas inflacionarias», como revela el directivo Vilar.
Tiempos en los que Junta Monetariaque gestionaba la política monetaria y cambiaria, era un apéndice del Ministerio de Finanzas, la Asamblea Constituyente de 1991 los dejó atrás, otorgando esos poderes a la Junta de BR Autónomas. Como afirmó en su momento el célebre terrateniente y delegado a la Asamblea Nacional Constituyente Alfonso Palacios Ruda, “la constitución por fin quedará libre en la Constitución, es decir, la Junta Monetaria quedará sepultada”. Y, de hecho, se le dio cristiana sepultura, aunque ahora se intenta resucitar su espíritu con actitudes de sacerdote.
Lo que está en juego es nada menos y nada más autonomía del banco de la república. Y esto no es un dogma vacío ni una reliquia institucional: es un pilar de estabilidad macroeconómica que ha demostrado su valor a lo largo del tiempo, aquí y en Cafarnaúm. Sin embargo, en medio de temas recientes como los del Presidente de la República, Gustavo Petr, quien considera y califica como “la extraña posición de 4 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, poniendo en peligro el nivel de vida de la población colombiana y su empleo”, todo esto está siendo cuestionado. Y denuncia que «el Banco ha perdido su independencia real», sólo por no compartir su decisión, en la que participaron varios miembros del Comité que él nombró, por lo que lamenta tardíamente no haber cumplido con la posición minoritaria del ministro Ávila.
De conformidad con los Estatutos entre el Gobierno y la Junta Directiva del banco emisor, debe haber coordinaciónmás no comprometido. En su sentencia C – 426 de 2020, la Corte Constitucional afirmó claramente: «La Corte reconoció que el Banco Central debe desempeñar sus funciones con un amplio margen de libertad e independencia, sin la injerencia de poderes públicos u otros organismos estatales, excepto aquellos permitidos para asegurar la coordinación, i «No está condicionado por la dinámica electoral». Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y al que nadie puede tildar de neoliberal, advierte que «cuando los gobiernos subordinan la política monetaria a sus necesidades fiscales o a sus cálculos a corto plazo, el resultado suele ser desastroso: inflación, pérdida de credibilidad y deterioro del bienestar general».
Amylcar Acosta
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