Un halo de esperanza llegó después de dos décadas al hogar de una familia víctima de constante acoso durante todo el conflicto armado, particularmente en la zona de Mapiripán (Meta). Un municipio recordado por la masacre de 1997, en la que al menos 100 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) masacraron a unas 45 víctimas, en una apuesta territorial por apoderarse de la región.
Un fracaso reciente de Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución de más de 2.700 hectáreas de tierra en zona rural de Mapiripán a favor de una familia campesina quien fue víctima del conflicto armado y obligada a abandonar sus bienes luego de años de presiones, amenazas y despojo violento.
La decisión reconoce Fernando Aguilar Plata y Abigaíl Florido, matrimonio, como víctimas de abandono forzadoluego de establecer que su salida de los predios “Los Tres Riales” y “Los Caracoles” estuvo directamente relacionada con la presencia y accionar de distintos grupos armados ilegales que intentaron dominar la región.
Usuario se benefició con la restitución de tierras. Foto:URT
El Tribunal concluyó que La violencia ejercida en la zona no fue aislada, sino sistemática, perpetua, y que los demandantes estuvieron sometidos durante años a un contexto de control territorial. por actores armados que afectaron gravemente su derecho a la propiedad.
El fallo de 111 páginas conocido por EL TIEMPO detalla que inicialmente La familia convivía con la presencia de la guerrilla de las FARC, que operaba en la zona al mando de una comandante conocida como ‘Jaqueline’.quienes impusieron extorsiones y obligaron a los campesinos a colaborar con el grupo.
Sin embargo, El punto de quiebre llegó a finales de los años 1990, cuando ese mismo grupo intentó reclutar a los hijos más pequeños de la familia.lo que llevó a que la madre y los niños fueran desplazados forzosamente para evitar verse involucrados en el conflicto armado.
Proceso de restitución. Foto:URT
A finales de los noventa y a partir del año 2000, La situación empeoró al más alto nivel con la llegada de estructuras paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).quienes irrumpieron en la región con una estrategia de control violento del territorio.
Según el fallo, estos grupos no sólo consolidaron su dominio a través de la intimidación, sino que también realizaron actos directos de despojo, como el saqueo de las propiedades y el robo de aproximadamente 200 cabezas de ganado perteneciente a la familia Aguilar.
La presión ejercida por los paramilitares fue, al final, decisiva para, En 2004, Fernando Aguilar Plata abandonó definitivamente las tierrasviéndose incapaz de continuar con la explotación ganadera y enfrentando el riesgo latente para su vida.
El Tribunal también consideró que, como si fuera poco, después del abandono, Las propiedades estaban bajo control de estructuras criminales vinculadas al paramilitarismo, incluidas redes asociadas a alias ‘Cuchillo’ y el narcotraficante Daniel Barrera, conocido como ‘El Loco Barrera’.
De hecholos documentos del expediente que emisarios de estos grupos citaron al demandante y le informaron que ya no tenía control sobre sus tierras, pues estas habían pasado a manos de dichos actores armados a través de intermediarios.
Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Foto:Juan Pablo Rueda/EL TIEMPO
Posteriormente, bajo un ambiente de intimidación, la familia fue obligada a firmar documentos en blanco que facilitaron la transferencia irregular de las propiedades a terceros, lo que el Tribunal consideró una forma de despojo por coacción. Frente a estos hechos, la Corte concluyó que los negocios jurídicos alegados por los opositores no fueron producto del libre albedrío.pero fueron atravesados por el contexto de violencia y presión armada.
Por ello, la Corte rechazó los argumentos de los opositores que afirmaron haber actuado de buena fe, al considerar que no demostraron que su adquisición de los inmuebles estuviera libre de vínculos con el contexto de despojo. En consecuencia, la sentencia ordenó la restitución de los inmuebles a favor de la familia Aguilar Florido y ordenó la cancelación de cualquier registro o acto jurídico que se hubiera realizado en el terreno desde el año 2000.
Jhoan Sebastián Cote Lozano
Editorial Colombia
