La justicia británica ha tomado una postura firme, rechazando la solicitud del Príncipe Harry para que se adopte una política inversa respecto a su custodia policial. Esta situación surge en un contexto delicado, dado que el hijo menor del rey Carlos III ha optado por distanciarse de la familia real y asentarse en los Estados Unidos. Esta decisión ha llevado a un debate sobre la protección y la seguridad que merecen las figuras públicas, especialmente cuando se trata de la realeza y sus necesidades particulares.
El conflicto en cuestión se remonta a febrero de 2020, cuando la Comisión que supervisa a las figuras públicas en el Reino Unido, conocida como Ravec, decidió reducir los niveles de protección que se proporcionaban al Príncipe Harry. Esta reducción se justificó con el argumento de que la supervisión de la seguridad no debería ser uniforme, sino que debería adaptarse y depender de las circunstancias específicas de cada caso. Dicha resolución marcó un giro significativo en la relación del Príncipe con las autoridades del Reino Unido y ha generado múltiples repercusiones mediáticas y legales.
En este contexto, el tribunal ya ha expresado su apoyo al Ministerio del Interior. Recientemente, el juez Geoffrey Vos se pronunció en favor del argumento presentado por el fiscal, que consideró «poderosos» respecto al tratamiento que se le otorga a la petición del Príncipe. Vos destacó que no hay una base legal que respalde la idea de que el gobierno debe brindar protección forzada al Príncipe Harry, lo que implica que la decisión de Ravec se sostiene en fundamentos legales sólidos.
El juez Train también comentó sobre el tema, afirmando que el sentimiento de objeción que tiene el Príncipe no puede ser traducido en argumentos legales que validen su solicitud para un cambio en su custodia policial. Esta declaración sugiere que, a pesar de la percepción pública y la empatía que pueda suscitar la situación del Príncipe, el sistema legal tiene criterios específicos que deben cumplirse antes de considerar una alteración en las medidas de seguridad.
El Príncipe Harry, quien no estuvo presente para escuchar la penalización emitida el pasado viernes, planea llevar su caso ante la Corte Suprema. Esta decisión podría abrir nuevas puertas en el debate sobre la seguridad de los miembros de la familia real, especialmente aquellos que han optado por vivir fuera del Reino Unido. Mientras tanto, el Ministerio del Interior, que es el organismo responsable de Ravec, mantiene su posición respecto a que la situación del duque de Sussex permanecerá inalterada a pesar de los cambios en el entorno político y social. Este aspecto indica que las decisiones tomadas por las autoridades no se basan únicamente en la popularidad o la presión pública, sino que también se fundamentan en consideraciones prácticas de seguridad y protección.
