El Enjuiciamiento abrió una investigación preliminar contra funcionarios por identificar del Departamento Administrativo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por las presuntas escuchas ilegales al candidato presidencial Abelardo De La Espriella.
Asimismo, el órgano de control disciplinario decidió escuchar la declaración del entonces director del servicio de inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien, según el informe disciplinario, aseguró que «las supuestas balaceras existieron», aunque «fueron realizadas por orden judicial».
Para el Ministerio Público, «Los servidores de esa entidad generarían «Reportes de inteligencia de una conversación entre Abelardo De La Espriella y los hermanos Bautista, principales accionistas de Thomas Greg & Sons, una empresa que apoya la logística electoral.
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