La Guajira, uno de los departamentos más pobres de Colombia, no solo es famosa por su belleza natural y sus paisajes impresionantes. También es el hogar del Pueblo indígena de Wayuu, una comunidad rica en cultura y tradiciones que enfrenta grandes retos en la actualidad. La región, situada en la punta más al noreste del país, es conocida por ser azotada por intensos vientos, alcanzando ráfagas de 11 m/s a 100 metros de altura. Esto ha convertido a La Guajira en un protagonista clave dentro del compromiso del gobierno colombiano de avanzar hacia las energías renovables. Sin embargo, la situación es compleja y los esfuerzos para implementar estas tecnologías deben tener en cuenta diversas voces y preocupaciones locales.
La creciente instalación de turbinas eólicas en La Guajira ha despertado tanto interés como resistencia, llevando a algunos a referirse a ella como «La guerra del viento».
«Solo con la energía de La Guajira …» Desde que el presidente Gustavo Petro anunció en 2023, durante la firma del Pacto para la transición energética, que La Guajira tiene el potencial para generar 25 GW, se ha vislumbrado un futuro prometedor para la región. «Con la energía limpia de La Guajira al máximo, podríamos reemplazar la generación de electricidad de Colombia, incluidas las plantas hidroeléctricas», sostuvo el presidente, lo que ha generado tanto esperanza como inquietud por las implicaciones de tal transformación. El estresado.
Visualización de la fábrica. El atractivo de La Guajira ha captado la atención de numerosas empresas que están explorando las posibilidades de inversión en el sector energético. Según el Instituto Indepaz, en 2019 se estimó que en la próxima década hasta 57 proyectos eólicos, impulsados por 19 empresas, podrían desarrollarse en la región, muchos de ellos relacionados con compañías multinacionales.
Esto se traduce en decenas de miles de hectáreas dedicadas a la producción de energía y miles de generadores eléctricos. Actualmente, hay 15 parques en construcción, incluidos proyectos relevantes como Guajira 1, que tiene una capacidad de 20 MW.
Algo más que viento. Sin embargo, La Guajira no es solo un espacio para instalar turbinas eólicas. También es el hogar de la comunidad Wayuu, quienes han habitado la región durante generaciones y han visto cómo sus tierras se convierten en un objetivo para la industria energética. «La situación es complicada, ya que muchas empresas comenzaron a llegar con intenciones de desarrollar proyectos renovables», ha manifestado Mikel Berraondo, un abogado especializado en derechos humanos y pueblos indígenas en un artículo publicado en El país.
Un factor adicional que agrava esta situación es el alto nivel de pobreza en La Guajira. De acuerdo con datos del Departamento de Estadísticas Administrativas Nacionales (Dane) de Colombia, en 2022, La Guajira fue el segundo departamento con el mayor índice de pobreza, solo superado por Chocó. A su vez, el área destaca en estudios de «pobreza multidimensional», donde se estima que miles de hogares carecen incluso de acceso a electricidad, complicando aún más el panorama local. Según datos de 2022, se menciona que muchas casas están todavía desconectadas de la red eléctrica.
La guerra del viento. Las tensiones en La Guajira han llevado a una escalada del conflicto al punto que algunos describen la situación como «la guerra del viento». Esto no solo se debe a los proyectos eólicos, sino también a la forma en que se están implementando. Voces críticas dentro de la comunidad advierten sobre la falta de estudios de impacto y la limitada participación de los pueblos locales en los beneficios que podrían derivarse de estos proyectos. Se cuestiona igualmente la consulta a las autoridades tradicionales que han representado a estos pueblos durante siglos, lo que ha contribuido a diversos conflictos en la región.
«Perturbar nuestros sueños». En un artículo que data de hace dos años, María M. Monsalve asevera que los Wayuu han cuestionado las consultas realizadas anteriormente, que tradicionalmente deberían asegurar que el desarrollo de proyectos eólicos no les afecte negativamente. Los críticos argumentan que se han cerrado pactos con individuos que no tienen legítima propiedad sobre las tierras o sin autoridad para tomar decisiones relevantes.
La complejidad del tema se ve incrementada por la diversidad de autoridades dentro de las comunidades y el debate sobre cómo compensarlas, además del impacto que las plantas eólicas pueden tener en la cultura indígena. «El ruido de las turbinas por las noches perturba nuestros sueños, lo cual es sagrado para nosotros», explica José L. Iguarán en una entrevista con la BBC. «Cuando salgo de mi casa en La Guajira, lo que veo son filas de fábricas».
Que … y como. «No se han realizado estudios adecuados sobre los riesgos ni se han llevado a cabo investigaciones que evalúen el impacto en los derechos humanos con la participación activa de las comunidades. Igualmente, no se observan esfuerzos claros para resolver y mitigar los impactos adversos. A juzgar por las quejas de las comunidades y organizaciones Wayuu, parece que los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas, ratificados en el país, no están siendo respetados», lamenta Berraondo. A pesar de este contexto, «muchas comunidades no se oponen al desarrollo de proyectos siempre que se respeten sus derechos».
El debate, servido. La problemática es compleja, ya que se suman otros factores relevantes que acentúan las tensiones en la comunidad, como los planos energéticos nacionales y las contribuciones de las empresas al territorio. A pesar del ruido de las turbinas eólicas y su impacto en las tradiciones locales, Iguarán admite que, en algunos aspectos, su comunidad ha visto ciertos beneficios gracias a la llegada del parque eólico Guajira I.
La empresa detrás de este proyecto ha financiado mejoras en la infraestructura para la canalización de agua y el tránsito, y ha establecido un acuerdo en el que paga a varias comunidades una cuota que depende de los ingresos generados por la electricidad y la venta de créditos de carbono. Sin embargo, «las empresas no respetan el derecho de participación en beneficio de las comunidades y, además, ofrecen planes de inversión social que son engañosos, ya que esos planes solo pueden ejecutarse con las mismas compañías que los proponen», critica Berraondo.
Un problema con las consecuencias. A pesar del debate que se ha generado tanto en Colombia como en medios internacionales, la situación en La Guajira es crítica porque está afectando la capacidad del sector de avanzar y complica los planes de las empresas energéticas.
A finales de 2024, EDP Renewables, la empresa encargada de los parques eólicos Alfa y Beta en La Guajira, decidió salir del país. Las razones incluyen retrasos y complicaciones en los que han influido diversos factores, incluyendo la pandemia de Covid, así como el creciente involucramiento de las comunidades indígenas en el proceso de consulta previa. En 2023, Enel tomó una decisión similar, retrocediendo en sus planes para otro parque en la región después de enfrentar protestas constantes en las obras.
Imágenes | Isagen, Nelson David Alonso Charry-the Eiti (Flickr) y Tanenhaus (Flickr)
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