El presidente Gustavo Petro anunció que el 1 de mayo de 2025, presentará una consulta popular al Parlamento para aumentar su programa de reforma. A primera vista, parece una actividad democrática. Sin embargo, si se investiga a fondo, se revela que no es más que una maniobra para impulsar el Parlamento, eludir los frenos que la democracia establece y buscar una superioridad política antes de las elecciones de 2026.
Desde que el Parlamento rechazó la reforma laboral, Petro ha intentado imponer su voluntad a como dé lugar. En vez de aceptar y respetar las decisiones legítimas de la Legislatura, su objetivo ahora es dirigirse directamente a los ciudadanos con cuestionamientos que, más que una consulta genuina, son herramientas para validar sus proyectos políticos. Esto distorsiona la esencia de la participación ciudadana, convirtiéndola en un populismo encubierto que se presenta como democracia.
Además, el uso de la ley por parte del gobierno deja mucho que desear. Las regulaciones que rigen las consultas populares establecen que estas solo pueden realizarse después de que se promulgue una normativa de referencia. Sin embargo, las organizaciones que apoyan el «sí» ya están en marcha y promovidas de antemano, lo que representa una clara violación de las normas establecidas. Nos encontramos frente a una administración que desatiende incluso las reglas que garantizan un juego justo, lo que es profundamente preocupante.
Los cuestionarios propuestos en la consulta son otro punto crítico. No son preguntas neutrales; están diseñadas de tal manera que apelan a emociones positivas, sin exponer las repercusiones económicas y sociales que podrían tener las respuestas. Se presenta un catálogo de promesas vacías, en lugar de un debate serio sobre las implicaciones de dichas promesas. Detrás de estas promesas subyace el interés por establecer un modelo nacional sin contrapesos, fundamentado en una supervisión política absoluta.
No es una mera coincidencia que esta consulta se esté organizando justo antes de las elecciones de 2026. Si Petro logra salir triunfante en las encuestas, podrá presentarle esto como un respaldo popular a su gestión y utilizarlo como un recurso dentro de su campaña electoral. El objetivo es claro: llegar al año 2026 con una ventaja política cimentada en el manejo de las emociones.
Mientras tanto, el Congreso se encuentra entre la espada y la pared. Para impedir la realización de esta consulta, alguna versión de la reforma laboral tendría que ser aprobada urgentemente, ya sea la propuesta por el Partido Liberal o una versión reducida de la original. No obstante, la característica más temida es la falta de voluntad para asumir responsabilidades. Esta actitud responde a la presión que ejercen aquellos que, por diferentes motivos, no pueden resistir las limitaciones impuestas.
Si permitimos este abuso, abriríamos peligrosas puertas: no controlar mediante la ley, sino a través de una consulta caótica. Cada vez que un gobierno sufra derrotas en el Parlamento, podría recurrir a estas estrategias para imponer su deseo.
Por lo tanto, un estado de derecho sólido se torna indispensable. Así es como se empieza a construir una nación.
En la actualidad, la defensa de la democracia no se limita al parlamento o a los tribunales. También reside en la ciudadanía. Debemos rechazar de manera contundente todos los intentos de utilizar a las personas como instrumentos de presión y manipulación política. No todo lo que se presenta como participación popular merece legitimidad. Muchas veces, simplemente se esconde detrás del velo de la ambición del poder.
La consulta popular que el gobierno ha presentado no es una oportunidad para fortalecer los derechos laborales; es una estrategia que busca centrarse aún más en el control. Colombia necesita más libertad, no menos. La verdadera democracia comienza por el respeto a las normas, a la productividad y a la soberanía de la población, que debe manifestarse de forma libre y directa, sin intermediarios.
