La codicia o avaricia individual, como uno de los siete pecados capitales, dejó de ser un vicio y pasó a ser un proyecto político estratégico con vocación de poder. No actúa con sinceridad ni se presenta como una ideología clara, pero dirige decisiones, inhibe transformaciones y define el rumbo de sociedades enteras. Donde reina la codicia, la política pierde su significado ético y deja de ser un instrumento para garantizar derechos, para convertirse en una herramienta para proteger privilegios, concentrar la riqueza y gestionar la exclusión.
La acumulación extrema de riqueza no es culpa del sistema, es uno de sus objetivos centrales. Un pequeño grupo económico acumula capital, tierra, ingresos y poder, mientras la gran mayoría ve deteriorarse sus condiciones de vida. Esta desigualdad requiere decisiones políticas específicas y marcos legales favorables. En este mecanismo el Congreso y buena parte de la dirigencia política juegan un papel decisivo. Los congresistas y líderes que supuestamente representan el interés público terminan actuando como únicos intermediarios del gran capital, bloqueando reformas, retrasando el debate y vaciando el contenido de cambios que buscan la justicia social.
El sabotaje de las reformas sociales no es accidental ni producto de diferencias ideológicas. Es una estrategia deliberada. La reforma implica una redistribución del poder, y esto es inaceptable para quienes construyeron su hegemonía sobre la desigualdad. Se archivan proyectos del Congreso, se introducen artículos regresivos y se utiliza el miedo como argumento político. La codicia se da cuenta de que un Estado que garantiza derechos es un obstáculo al trabajo de pauperización y, por tanto, busca paralizarlo desde dentro.
Cuando prevalece este tipo de comportamiento, se abre el camino para el surgimiento de un Estado corporativo con características neofascistas, donde las decisiones públicas están subordinadas a los intereses privados y la democracia se reduce a una formalidad vacía. Como advirtió Hannah Arendt, «El problema del mal no es su profundidad, sino su superficialidad, su capacidad para volverse normal».. Esta normalización explica cómo prácticas autoritarias, excluyentes y profundamente injustas logran establecerse sin fracturas institucionales visibles, protegidas por la costumbre, la indiferencia y el cálculo político.
Pero este proyecto no se sustenta únicamente en la codicia. Esto requiere una base social culturalmente frágil. Una sociedad dividida, con bajo nivel de formación crítica, débil memoria histórica y referentes éticos dañados se vuelve más proclive a admirar, justificar o verse reflejada en quienes representan un enriquecimiento ilimitado. Cuando el éxito se mide únicamente por la riqueza material, cuando el mérito se confunde con la astucia para explotar el sistema y cuando la solidaridad se presenta como ingenuidad, la codicia deja de ser un problema moral y se convierte en una aspiración colectiva.
En este contexto, la política se degrada a un espectáculo y la ética pública se vacía de contenido. Se normaliza el cinismo, se relativiza la corrupción y se tolera el abuso de poder con el pretexto de la eficiencia o el orden. La cuestión del bien común ha sido sustituida por la lógica del beneficio individual. Una sociedad culturalmente debilitada termina aceptando falsos líderes que la desprecian, discursos que la fragmentan y proyectos que profundizan su propio empobrecimiento.
La renuncia a la soberanía nacional también forma parte de esta crisis ética. La subordinación acrítica de algunos sectores sociales, políticos y económicos a los intereses de Estados Unidos expresa dependencia económica y política, y una profunda pérdida de autoestima y amor por el país. Promueven un país que pierde la capacidad de decidir su propio destino y que acepta fácilmente agendas externas, sacrificando su industria, su territorio y su medio ambiente. Esta entrega beneficia al capital transnacional y a sus socios locales, al tiempo que empobrece material y simbólicamente a la sociedad.
La fragmentación social, el individualismo extremo y la estigmatización de la organización colectiva refuerzan este círculo vicioso. La debilidad del Estado y la ausencia de una planificación territorial integral no sólo fortalecen la economía ilegal, sino que también socavan la idea misma de legalidad y responsabilidad ética compartida. Cuando una vida decente se vuelve inalcanzable por medios legítimos y se promueve la ilusión de crecimiento y desarrollo basado en la ilegalidad, la transgresión deja de ser la excepción y se convierte en la norma.
El saqueo del medio ambiente es la expresión más cruda de esta crisis ética. Los bosques destruidos, los ríos contaminados y los territorios étnicos violados en nombre del crecimiento económico revelan una actitud utilitaria hacia la naturaleza. Cuando la cultura política se niega a reconocer la vida como un valor en sí misma, la destrucción ambiental se justifica como el precio inevitable del progreso.
La corrupción actúa como lubricante para toda esta maquinaria. No es un problema moral aislado, es una pedagogía negativa que enseña que todo tiene un precio, que la ley se puede negociar y que el poder sirve para enriquecerse. Al mismo tiempo, renuncia a la planificación y a su control y debilita deliberadamente al Estado. Un Estado debilitado no sólo es ineficaz, sino también éticamente peligroso, porque deja a la sociedad sin referentes de cuidado, justicia y responsabilidad colectiva.
La disputa que enfrenta la sociedad es principalmente cultural y ética. No se trata sólo de reformas o elecciones, sino de reconstruir una cultura política basada en la dignidad, la solidaridad, la memoria y el sentido de comunidad. Aceptar la codicia como horizonte aspiracional es renunciar al futuro. La abolición como proyecto político requiere instituciones fuertes, sí, pero también un ciudadano crítico, educado y consciente de que sin ética pública no hay democracia ni vida colectiva sostenible.
Luis Emil Sanabria D.
