En contundente respuesta a las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, negó la supuesta falta de coordinación regional en el proceso de Reforma Agraria.
El presidente acusó al funcionario nacional de mentir y Señaló que la entidad ha centrado sus esfuerzos en la compra de terrenos a la Sociedad de Bienes Especiales (SAE) para asentar a personas de otras regiones.ignorando los pedidos de las 102 comunidades étnicas del departamento que hoy carecen de territorio.
En otros departamentos se han impulsado iniciativas de reforma agraria. Foto:Archivo privado
Prioridad para las comunidades del Valle del Cauca
El gobernador presentó evidencia sobre la crítica situación de orden social que atraviesan municipios como Bolívar, El Dovio y El Cairo, donde numerosas comunidades indígenas permanecen resguardadas en coliseos a la espera de una solución territorial.
Toro fue enfático al señalar que la ANT ha «puesto sus ojos en las tierras del Valle» pero no en su gente, trayendo poblaciones campesinas e indígenas de otros departamentos para ocupar propiedades locales.
«Ustedes no respetan a los vallecaucanos, son afrodescendientes, agricultores e indígenas locales los que están solicitando estas tierras. Es a ellos a quienes hay que entregarles las propiedades del SAE», dijo el mandatario, recordando que la administración de dichos bienes depende exclusivamente del Gobierno nacional.
El presidente denunció que en la región la reforma no ha desarrollado proyectos productivos. Foto:Archivo privado
Crisis por falta de proyectos productivos y servicios básicos
Uno de los puntos más críticos expuestos por la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, es la precariedad con la que se están realizando las entregas de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Según el presidente, la entidad traslada comunidades a territorios donde no existen garantías mínimas de subsistencia, lo que genera una carga adicional para los municipios y el departamento, que deben asumir con recursos limitados la atención de necesidades básicas no previstas en los procesos de adjudicación.
En materia de infraestructura, se han reportado entregas de propiedades sin acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, electricidad o vías de comunicación.
Esta situación no sólo vulnera los derechos fundamentales de las familias beneficiarias, sino que obliga a las administraciones locales a improvisar soluciones urgentes para evitar crisis humanitarias en zonas rurales históricamente relegadas.
Juan Felipe Harman, director de la ANT, lidera proyectos en el marco de la reforma agraria. Foto:HORMIGA
En materia de sostenibilidad, preocupa la ausencia de proyectos productivos articulados que aseguren la soberanía alimentaria y la generación de ingresos para los beneficiarios.
Entregar tierras sin apoyo técnico, financiero o comercial condena a las familias a ciclos de pobreza y abandono, distorsionando el propósito transformador de la reforma agraria y profundizando la dependencia de la ayuda social.
LEER TAMBIÉN
Finalmente, la falta de una planificación integral ha propiciado escenarios de conflictividad social. La llegada de comunidades a territorios sin procesos de consulta previa, sin estudios de capacidad de acogida y sin mecanismos de mediación ha generado enfrentamientos entre poblaciones, como los registrados recientemente en la zona rural de Tuluá. Estos episodios muestran que la entrega de tierras, sin un enfoque territorial y diferencial, puede convertirse en fuente de nuevas tensiones en lugar de ser una herramienta para la paz.
Silencio institucional ante la Comisión de Reforma Agraria
Aunque el Valle del Cauca formalizó el Comité Departamental de Reforma Agraria, el gobernador denunció que no han recibido respuesta a las solicitudes de reunión enviadas al director Harman.
«En el acta de la primera reunión aparece que el Comité en pleno solicitó una reunión y ni siquiera merecíamos respuesta», señaló.
La mandataria reiteró su disposición al diálogo, invitando nuevamente al director de la ANT a reunirse en el departamento o, en su defecto, ofreciéndose a asistir a su oficina en Bogotá.
El presidente critica la precariedad con la que la ANT entrega tierras a las comunidades. Foto:César Melgarejo
El principal objetivo es establecer una coordinación efectiva que priorice a los habitantes locales y garantice que la entrega de tierras sea integral, digna y productiva para evitar que la Reforma Agraria se convierta en un detonante de la violencia rural.
Este contenido fue escrito con asistencia de inteligencia artificial, en base a información del Gobierno del Valle del Cauca. Además, fue reseñado por un periodista y un editor.
JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO
Editorial EL TIEMPO
Colombia
Leer más noticias en EL TIEMPO
Detalles de la movilización en el país vecino. Foto:
