El Tribunal Provincial de Sevilla ha establecido tres fechas clave, concretamente los días 24 y 29 de abril, así como el 13 de mayo del año 2025, para deliberar sobre la posibilidad de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un fallo preliminar relacionado con el caso de Andalucía. Esta decisión ha cobrado relevancia tras la emisión de una providencia que pone en duda si el Tribunal Constitucional (TC) se excedió en sus atribuciones al otorgar el recurso de Amparo a aquellos que han sido condenados, incluyendo a figuras destacadas como los ex presidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. En este sentido, la primera sección del Tribunal de Sevilla ha consultado a las partes involucradas para determinar si efectivamente el TC ha invadido competencias del poder judicial, lo que ha generado un intenso debate en el seno del TC, presidido por Cándido Conde-Pumpido. A pesar de la existencia de informes legales que apoyan el derecho del Tribunal de Sevilla a recurrir al TJUE, la oficina del fiscal anti-corrupción mantiene que no es imprescindible acudir a la justicia europea, sosteniendo que el tribunal andaluz podría resolver sus dudas legales internamente.
Por otro lado, el Partido Popular (PP) ha hecho un llamado para que el TJUE intervenga, solicitando la anulación de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español que, en su opinión, han reducido de manera significativa las penas impuestas a los altos funcionarios de la Junta de Andalucía implicados en un caso de corrupción. La posición del PP es clara: sostiene que estas sentencias promueven la impunidad en la lucha contra la corrupción que ha afectado a diversas instituciones. En consecuencia, el PP insta a la audiencia de Sevilla a presentar una cuestión prejudicial al TJUE, con el objetivo de determinar si estas sentencias son compatibles con los principios establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Además, el partido político pone en tela de juicio la imparcialidad del Tribunal Constitucional, así como su interpretación de las leyes nacionales, argumentando que esta interpretación infringe el derecho de la Unión Europea. El PP subraya que las leyes presupuestarias andaluzas no deberían ser utilizadas como escudo para justificar comportamientos ilegales y, en consecuencia, exigen una revisión exhaustiva de estas decisiones legales.
La controversia en torno al caso ERE en España se ha hecho más evidente y compleja con el paso del tiempo, llevándolo a ser uno de los episodios más importantes y debatidos en la historia reciente del sistema judicial español. Este proceso ha sido ampliamente cubierto por medios de comunicación, incluyendo su publicación más destacada en | El diario de todos, que resalta la significancia de estos juicios y el impacto que tienen en la percepción pública de la justicia y la lucha contra la corrupción en el país.
