El ex presidente Juan Manuel Santos ha expresado críticas contundentes en relación con la estrategia de paz implementada por el actual gobierno de Gustavo Petro. Santos sostiene que, bajo la dirección de Petro, se ha fortalecido la presencia de los grupos disidentes de la extinta FARC, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad y la seguridad del país.
En sus declaraciones, Santos argumentó que estos grupos disidentes, que antes se encontraban dispersos y carecían de cohesión, han comenzado a reestructurarse. Un punto que destacó fue la intervención del comisionado de paz, Danilo Rueda, quien ha sido señalado por Santos como un actor clave en esta situación. Al respecto, mencionó que Rueda habría utilizado helicópteros del Estado para llevar a cabo encuentros con los disidentes, lo que, a su juicio, legitimaría a estas facciones y les otorgaría un estatus que antes no tenían.
Según Santos, este desarrollo tuvo lugar en el año 2023, un periodo clave en el que se notó un acercamiento inusitado entre el gobierno y estos grupos, que fueron descritos como simples personas de la antigua FARC. La legitimación, según el ex presidente, se ha dado a través de lo que él considera un ‘bautismo’ que ha permitido a estos disidentes recuperar fuerza y cohesión, algo que resulta alarmante en el contexto de los esfuerzos de paz que se habían estado promoviendo.
Santos afirmó: «El comisionado de paz de este gobierno, el primero (Danilo Rueda), ha estado utilizando los helicópteros del Estado para recolectar a diferentes grupos criminales, conocidos como disidentes. En abril, estos encuentros se llevaron a cabo, proporcionándoles un reconocimiento, una especie de estatus similar al que tenía la FARC antes de su desmovilización.» Esta afirmación, que resuena con preocupaciones sobre la legalidad y ética de estos acercamientos, ha generado un debate intenso en la esfera política y social del país.
El ex presidente también hizo un llamado al gobierno nacional para que el proceso de paz no se base únicamente en la buena voluntad, sino que debe incluir aspectos fundamentales como la transparencia en cuanto al poder que se les otorga a estos grupos. Indicó que es crucial conocer primero qué tipo de poder se está entregando, cuáles son las verdaderas ofertas que se les están haciendo, el marco legal que se empleará para regular estas interacciones y, además, cuál será el límite que no se debe cruzar en este contexto. Estas líneas rojas son imprescindibles para asegurar que el proceso de paz no termine siendo un obstáculo más que una solución efectiva a los problemas de violencia y conflicto en Colombia.
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