El impuesto sobre la propiedad es un impuesto injusto e injusto incluso si encuentra protección en el principio de legalidad. Es un impuesto que viola el derecho a la propiedad; quien no lo paga queda expuesto a procedimientos fiscales. Además, sanciona el trabajo de quien adquiera bienes rústicos o urbanos. Para el fisco es el impuesto más rentable porque representa una de sus mayores fuentes de ingresos, siempre se recaudará mientras exista propiedad de terrenos y edificios.
Un impuesto a la propiedad penaliza al dueño de la propiedad. Adquirir un inmueble implica esfuerzos reflejados en capacidad de trabajo, ahorro y endeudamiento para cumplir con las obligaciones derivadas de las negociaciones. Sin embargo, cuando la propiedad se adquiere mediante herencia y donación, también se debe pagar un impuesto sustancial sobre las ganancias de capital. De esa manera, no tiene sentido que el esfuerzo y la suerte inicial tengan que ser validados año tras año con impuestos prediales por el hecho generador de ser dueño de la propiedad.
Los Estados afirman que el impuesto predial es un impuesto técnico porque se determina sobre la base de valoraciones catastrales que corresponden al criterio de peritos serios y razonados; Este no es siempre el caso. Muchas veces, el criterio técnico resulta más adecuado a la «ojo» de peritos para tasaciones y catastro junto con intereses económicos con el apoyo político del urgente recaudador estatal encargado de emitir los actos administrativos que lo tasan.
El impuesto a la propiedad es un impuesto retrógrado, se sabe que si alguna vez la tierra fue la principal fuente de riqueza y prosperidad, hoy ya no lo es. Los activos digitales y otras formas de activos industriales e intangibles son las principales fuentes de riqueza. El impuesto a la propiedad ha perdido su razón de ser. Se estableció que el terreno está gravado, lo cual es inaudito hoy en día, de hecho, el terreno no está gravado, los materiales de construcción que están en manos de pequeños propietarios están gravados, por lo tanto, se pueden construir 80 metros cuadrados en los niveles por los que se paga el impuesto predial y en realidad no se construyen en el terreno, sino en una losa de 20 metros cuadrados en el décimo piso.
Es un impuesto de origen feudal. El siervo se veía obligado a pagar tributo a su señor feudal, quien, a su vez, pagaba tributo al príncipe en ejercicio. Esa distancia prevalece, los propietarios son siervos, los secretarios del tesoro son señores feudales y el Estado es el príncipe. Croacia, Mónaco, Malta, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Kuwait, Omán, Arabia Saudita y República Dominicana no cobran impuesto a la propiedad. ¿Y Colombia?
Como es poco probable que el Estado colombiano elimine este injusto impuesto, se proponen formas de sustituirlo, entre otras, a) Un impuesto que se pagará una sola vez, cada vez que el inmueble cambie de dueño o dueños. b) Un sistema gradual de tributación que irá reduciendo su cuantía con el tiempo y, transcurrido un determinado período de propiedad, el impuesto desaparecerá, verbigraciaTranscurrido el plazo de cinco años, el propietario comenzaría a reducir su pago hasta desaparecerlo; Con un nuevo propietario, comenzaría un nuevo ciclo de pagos incrementales. c) Otra posibilidad, devolver el impuesto predial a su esencia, gravar el suelo, es decir pagarlo en proporción inversa a la productividad de grandes superficies, y no a la vivienda del ciudadano, cuya mayor aspiración es tener techo propio.
El Estado debe ser mínimo y estar ahí para los ciudadanos, pero no puede convertirse en una carga para sus ciudadanos. La tierra y los objetos adquiridos legalmente son objetos del sagrado derecho de propiedad privada que merecen protección. El Estado no puede convertirse en otro perezoso en manos de gente perezosa.
León Ferreira
