Luego del ataque con drones explosivos ocurrido en Calamar (Guaviare) el martes 14 de octubre, que dejó tres personas heridas, entre ellas la madre del alcalde de ese municipio (Farid Camilo Castaño), la Defensoría del Pueblo se reunió con el gobernador del departamento, Yeison Rojas, y los alcaldes de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare.
La defensora Iris Marín reiteró que la protección de la vida, la integridad personal y la seguridad son derechos humanos fundamentales, y Exhortó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de las comunidades y líderes políticos del Guaviare, ante lo que calificó como un preocupante recrudecimiento de la violencia. en la región este año.
La Defensoría del Pueblo se reunió con gobernadores locales del Guaviare. Foto:Defensoría del Pueblo
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El gobernador Rojas, por su parte, denunció en conferencia de prensa que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no ha respondido a las solicitudes sobre la situación de seguridad por parte de las autoridades locales.
“Como gobernador hago públicamente responsable a la UNP por la vida de los alcaldes y del gobernador”, afirmó tras una reunión en el Ministerio del Interior. Esto habría sido poner sobre la mesa la difícil situación de orden público.
En respuesta, la UNP rechazó las declaraciones del presidente y explicó que la asignación de medidas de protección se realiza tomando en cuenta la evaluación de un comité interinstitucional del que forman parte los Ministerios del Interior y de Defensa, así como la Policía Nacional. “Es la Policía Nacional la que realiza los estudios de nivel de riesgo a alcaldes y gobernadores. Eso va al comité”, indicó la entidad.
“Hemos solicitado en muchas ocasiones apoyo para garantizar las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta”, concluyó el gobernador Rojas.
A su vez, la Defensoría del Pueblo indicó en un comunicado: “Acompañamos a los gobernantes territoriales para que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan protegerse a ellos mismos, a sus comunidades y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el departamento”.
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