Luego de que se registraran dos graves incidentes de orden público en el municipio de Tuluá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que las autoridades judiciales y la Fuerza Pública avanzan en las investigaciones para esclarecer la retención de una misión médica y el robo de un poderoso cargamento de gas.
Los hechos, ocurridos en los últimos días, han generado una respuesta institucional inmediata para restablecer la seguridad en el centro del departamento.
El mandatario vallecaucano señaló que, aunque las causas exactas están bajo investigación por parte de las autoridades, se presume que grupos al margen de la ley estarían detrás de estas acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario.
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Violación de la misión médica.
El gobernador denunció la retención de un médico y una enfermera en la zona rural de Tuluá.
Según las primeras hipótesis, el personal de salud habría sido obligado a brindar servicios de salud a miembros de las disidencias de las FARC que operaban en la región.
“Hubo un incumplimiento de la misión médica por el secuestro de una enfermera y un médico para posiblemente generar atención en uno de los disidentes, sin embargo, esto es motivo de investigación, aún no se sabe cuál fue el motivo, qué pasó con ese médico y esa enfermera, por lo que estamos a la espera de las investigaciones”, dijo Toro.
El mandatario hizo un llamado urgente al respeto a la labor humanitaria y al personal de salud, enfatizando que estos actos constituyen una violación a las garantías mínimas de atención en el territorio.
Estructuras disidentes buscarían tomar el control de la zona rural de Tuluá. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
Robo de cilindros de gas
En un segundo hecho registrado en la misma zona, un vehículo de reparto fue interceptado y despojado de 100 cilindros de gas.
Al respecto, la administración departamental confirmó que la Fuerza Pública ya identificó la ubicación del material robado y se coordinan operativos para su pronta recuperación.
Este hecho ha afectado la distribución regular de este insumo básico para las comunidades rurales del municipio, aunque también resulta preocupante que este tipo de elementos también sean utilizados para atacar a miembros de la Fuerza Pública o intimidar a las personas que se desplazan por los diferentes corredores viales del departamento.
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Respuesta militar y control territorial
Ante las demandas de seguridad de las comunidades campesinas de la Cordillera Central, el Gobierno anunció medidas concretas para fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
El mandatario explicó que actualmente el Ejército Nacional mantiene operativos activos en la zona debido a enfrentamientos entre estructuras criminales como el ‘Adán Izquierdo’ y el ‘Frente 57’ de las disidencias.
Personal uniformado también intensifica la búsqueda de cilindros de gas robados en el municipio. Foto:archivo privado
Para garantizar una permanencia sostenida, la gobernadora Dilian Francisca Toro reveló que la administración ya adquirió una finca en la zona alta del municipio del centro del Valle del Cauca.
Este inmueble se destinará a la reinstalación de un batallón del Ejército que anteriormente operaba en el sector y que se había retirado por falta de infraestructura física adecuada.
“Nos estamos preparando con el Ejército para darles una finca en la zona alta de Tuluá, para poder instalar allí un batallón que antes existía, pero por no tener dónde estar se tuvo que retirar. Ahora con el Gobierno del Valle del Cauca compramos una finca y ahí se va a instalar un contingente del Ejército, precisamente para proteger más de cerca a la comunidad”, señaló el presidente.
El presidente aseguró que ya tienen un terreno para la construcción de un batallón. Foto:archivo privado
Compromiso con los ciudadanos
La administración departamental enfatizó que el trabajo coordinado con el Ejército y la Policía Nacional busca no sólo recuperar los elementos robados, sino también neutralizar el accionar de los grupos armados ilegales que se disputan el control de los corredores estratégicos en el centro del Valle.
Se espera que la nueva base militar permita una reacción más ágil ante futuras amenazas a la población civil y a las misiones humanitarias.
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