El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, planteó una seria advertencia durante el Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar esta semana en Cartagena. A partir del 30 de junio, los líderes territoriales deberán enfrentar una carga financiera que, según él, es insostenible.
Esta problemática se deriva de un fallo judicial que ahora tiene el rango de ley. Según esta legislación, los gobernadores y alcaldes están obligados a financiar la alimentación de personas privadas de libertad en unidades de reacción inmediatas (URI) y estaciones de policía. Esto ha generado múltiples reacciones entre los mandatarios locales.
“Nos están forzando a elegir entre alimentar a los detenidos o garantizar la comida escolar para nuestros hijos”, expresó Arana con un tono firme y decidido. “Entendemos el componente humanitario de esta situación, sin embargo, no puede convertirse en una responsabilidad exclusiva de las entidades territoriales”, agregó, mostrando su evidente descontento con la medida.
Este mandato se origina en un fallo del Tribunal Constitucional de 2022, que fue convertido en ley por el Congreso. La normativa busca transferir a entidades territoriales la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los detenidos en centros de reclusión transitoria, como respuesta al hacinamiento y a las numerosas quejas relacionadas con violaciones de derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador de Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
No obstante, para muchos líderes locales, esta transferencia de responsabilidades sin una correspondiente asignación de recursos representa un golpe considerable a sus finanzas. En Bolívar, alrededor de 3.000 personas se encuentran actualmente en estaciones de policía y URIs, lo que podría resultar en una carga millonaria para el presupuesto del departamento, que ya está lidiando con restricciones en áreas cruciales como la salud, educación y saneamiento básico.
“Esta obligación atenta contra nuestra autonomía fiscal. No es justo que el tribunal, a quien respeto profundamente, legisle a partir de sus fracasos sin tener en cuenta la realidad presupuestaria de cada departamento”, afirmó Arana Padauí. “Nos transfiere responsabilidades que no podemos asumir. Nuestros ingresos son limitados y muchas veces regresivos. Ahora estamos en peligro de tener que sacrificar programas sociales fundamentales”, agregó con preocupación.
El gobernador también cuestionó la falta de respuesta del gobierno nacional frente a este tipo de medidas. “Lo mínimo que se debería hacer es llevar a cabo una evaluación del impacto fiscal. No se pueden imponer cargas desde el centro del país sin considerar la capacidad real de las regiones”, aseguró.
El clamor del gobernador de Bolívar resuena en un contexto más amplio; varios líderes regionales han alzado la voz en las últimas semanas, advirtiendo que esta decisión pone en riesgo la sostenibilidad de los planes de desarrollo. Algunos incluso han solicitado la implementación de medidas cautelares para detener la aplicación de la norma, hasta que se aseguren los recursos necesarios.
Detenido en Cartagena. Foto:Vanessa Romero, la hora
Esta controversia ha suscitado un debate fundamental: ¿Quién debe financiar el sistema penitenciario, especialmente en sus áreas más vulnerables? Para los gobernadores, la respuesta es clara: esta ha sido y debe seguir siendo una responsabilidad del gobierno nacional.
Con la fecha límite del 30 de junio acercándose rápidamente, el debate sigue abierto. Las entidades territoriales requieren urgentemente un diálogo con el ejecutivo y el Congreso para revisar el alcance de esta medida. De no llevarse a cabo, advierten: “Serán los niños, jóvenes y los más vulnerables quienes paguen el costo de una decisión tomada sin el apoyo presupuestario adecuado”.
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Documario del periodista Jineth Bedoya. Foto:
Cartagena
