Durante décadas, Colombia ha discutido la educación como si fuera sólo un problema de cobertura o de presupuesto universitario. Ampliar cupos universitarios, financiación de la matrícula o la promesa de gratuidad ocupó buena parte de la discusión pública. Sin embargo, los resultados del mercado laboral muestran que el sistema educativo está desconectado de las necesidades productivas del país, y esta desconexión se traduce en desempleo juvenil, informalidad y frustración social.
Si bien el país forma cada vez más profesionales universitarios y el enfoque general de las políticas públicas y jurídicas sigue centrado en la formación universitaria, la demanda laboral se concentra en los niveles de formación técnica, tecnológica y media. Las empresas buscan competencias específicas, habilidades prácticas y adaptabilidad, pero el sistema sigue privilegiando trayectorias largas y rígidas que están mal articuladas con el mundo del trabajo. El resultado es un desequilibrio estructural: jóvenes con títulos que no pueden conseguir trabajo y sectores manufactureros que no obtienen el talento que necesitan.
Aquí la formación técnica y tecnológica, los ciclos cortos y la formación dual dejan de ser complementarias y pasan a ser una prioridad estratégica. No se trata de una «educación de segunda clase», como a veces se caricaturiza, sino de itinerarios formativos relevantes y flexibles con altos beneficios sociales. Los países con bajos niveles de desempleo juvenil –como Alemania, Austria o Suiza– han construido sistemas en los que el aprendizaje y el trabajo no son mundos separados, sino partes de un mismo proceso.
La formación dual permite a los jóvenes aprender en el aula y en la empresa al mismo tiempo, desarrollando habilidades, experiencia laboral y redes profesionales. Los ciclos cortos, en cambio, ofrecen vías más ágiles de ingreso al mercado laboral, con posibilidad de acumulación de crédito y posterior movilidad hacia niveles superiores de formación. Este enfoque reconoce una realidad fundamental: no todos los jóvenes tienen las mismas condiciones económicas, ni el mismo tiempo, ni los mismos intereses, y el sistema educativo debe adaptarse a esta diversidad.
Además, este tipo de formación tiene un impacto directo en la equidad y la movilidad social. Para los jóvenes de hogares vulnerables y con intereses diversos, los ciclos cortos y la capacitación técnica les permiten generar ingresos más rápido, reducir la dependencia económica y construir trayectorias profesionales ascendentes. No es casualidad que los países con sistemas de formación técnica sólidos tengan una brecha salarial menor y una mayor cohesión social.
El impacto en el empleo juvenil también es significativo. Colombia tiene tasas de desempleo juvenil persistentemente altas, incluso durante períodos de crecimiento económico. Parte de esta exclusión se explica por la falta de experiencia laboral y capacitación poco alineada con la demanda (además de un salario mínimo desconectado de la realidad social y económica del país). La formación dual rompe este círculo vicioso: un joven no entra al mercado «sin experiencia», porque ya ha realizado la formación.
Sin embargo, avanzar en esta agenda requiere cambios profundos. Primero, la revalorización cultural de la educación técnica y tecnológica, que ya no es vista como un camino residual. En segundo lugar, una articulación real entre el sistema educativo, el sector manufacturero y el Estado, con incentivos claros para que las empresas participen en la capacitación. En tercer lugar, marcos regulatorios flexibles que permitan combinar estudios y trabajo sin obstáculos innecesarios. Y cuarto, información transparente sobre las trayectorias profesionales, los salarios y la empleabilidad, de modo que las decisiones educativas se tomen sobre la base de evidencia. A pesar de muchos esfuerzos, la separación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y los ministerios competentes hace imposible acelerar la certificación y autorización de diversas ofertas de formación.
Cerrar las brechas en la pertinencia educativa es una decisión política para la equidad y la movilidad social. Apostar por la formación laboral es apostar por una sociedad donde el trabajo duro da sus frutos, donde la educación abre puertas y donde la movilidad social no es una promesa vacía. Tanto el gobierno como el Congreso tendrán la oportunidad de transformar la educación y el mercado laboral de los jóvenes colombianos abriendo oportunidades, no preservando privilegios.
Daniel Gómez Gaviria
