El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia emitió resolución sobre la acusación contra nueve exmiembros ejército nacional por su presunta participación en actos de tortura contra civiles, que por error Fueron identificados como ‘sospechosos’ durante los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá.
Los militares en retiro citados a ser juzgados como coautores indebidos del delito de torturas severas son: el Mayor General (retirado) Iván Ramírez Quintero, quien en ese momento era coronel y se desempeñaba como director del Comando de Operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante de la Unidad de Inteligencia (B-2) de la XIII Brigada del Ejército Popular; Coronel (r) Fernando Blanco Gómez, ex subcomandante del B-2; Mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez y Sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón-2, ex integrantes de B.
Agentes policiales estarían involucrados en el trato cruel y humillante de 11 personas que fueron trasladadas a la Casa del Florero, a instalaciones militares y de la Policía Nacional, al suponer que estarían vinculadas con la toma del Palacio de Justicia.
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Entre las víctimas se encontraban dos estudiantes de derecho de una universidad privada de la ciudad que se encontraban de visita en la sede del poder judicial.
Otro de los civiles torturados fue un funcionario de obras públicas que viajaba en autobús con destino a Zipakira (Cundinamarca). Este hombre fue interceptado en un retén, catalogado como guerrillero, conducido a la Escuela Nacional de Caballería, golpeado y trasladado al penal La Modelo de Bogotá donde permaneció detenido durante 15 días.
