Un inminente aviso judicial sacude los cimientos del sector inmobiliario cartagenero.
La Fiscalía 20 Seccional, a través de un aviso de notificación colocado el 1 de diciembre frente a la pista del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagenareveló que Aeronáutica Civil (Aerocivil) solicitó la restitución de propiedad de al menos 80 inmuebles en el norte de la Ciudad Heroicaafirmando que serían Bienes de Uso Público de la Naciónlegalmente vinculado al aeropuerto.
La solicitud de Aerocivil se realiza dentro del proceso penal 27.749 por el delito de presunta fraude procesal, que tomaría en cuenta Arriesgan la inversión de cientos de familias en megaproyectos inmobiliarios para los estratos 4, 5 y 6 que, al parecer, se construyen en estos terrenos públicos del norte de la ciudad.
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El meollo del conflicto radica en la naturaleza jurídica de las propiedades. La legislación colombiana es categórica respecto de los bienes de uso público de la Nación, estableciendo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Eduardo del Río, abogado de Aeronáutica Civil.
Un riesgo que superaría el desastre de Aquarela
trabaja en cielo mar Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La gravedad de la situación, según fuentes de la fiscalía, sería considerablemente mayor que el conocido desastre urbanístico provocado por el edificio Aquarela.
En este caso, Los daños no se concentran en una sola estructura, sino en varios desarrollos de gran escala.
El aviso de la Fiscalía transcribe las matrículas inmobiliarias que incluyen terrenos donde se desarrollan proyectos impulsados por prestamistas y reconocidas constructoras.
se trata de más de 1.700 apartamentos, en sólo dos proyectos, cuya venta hoy es masiva, a precios que rondan los $350 a $450 millones por unidad, lo que, según el ente investigador, configuraría un potencial Riesgo económico y social de proporciones catastróficas para los inversores. en la capital de Bolívar.
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Bienes inalienables
Propiedades en venta en el Aeropuerto de Cartagena Foto:John Montaño/EL TIEMPO
«El meollo del conflicto radica en la naturaleza jurídica de los bienes. La legislación colombiana es categórica respecto de los bienes de uso público de la Nación, estableciendo que son inalienables, imprescriptibles e inembargables», dice el Dr. Eduardo del Río, abogado de la Aeronáutica Civil.
Según el jurista, una vez que el tribunal determina que los inmuebles deben ser recuperados y devueltos a la Nación (Aerocivil), «no es legalmente admisible la intervención de supuestos terceros de buena fe dentro del proceso penal. Ni siquiera los compradores de departamentos que alegan desconocimiento de la situación jurídica podrán impedir la restitución del bien público», señala.
Con el aviso colocado en plena Vía al Mar, la Fiscalía ha dejado claro que, de producirse daños materiales, las víctimas (compradores colombianos y extranjeros) deberán iniciar acciones penales o civiles individuales contra los constructores y promotores, en distintas fiscalías, sin que ello detenga la obligación del Estado de recuperar los bienes públicos presuntamente obtenidos mediante fraude procesal.
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La amenaza al orden público económico
Vía al Mar Cartagena Barranquilla Foto:John Montaño/EL TIEMPO
El Las propiedades en disputa están ubicadas frente a la carretera al mar, en la salida de Cartagena hacia Barranquilla.él corredor más exclusivo de la ciudad y zona de mayor proyección urbana del paísdonde se plantean proyectos para viviendas de estratos 4,5 y 6, así como importantes cadenas hoteleras.
La situación actual implicaría una advertencia clara: continuar con el La comercialización de estas más de 1.700 unidades expone a cientos de familias a pérdidas irreparables de propiedad.
«Este escándalo, que involucra 80 registros inmobiliarios y dos de las principales constructoras a nivel nacional, compromete gravemente la credibilidad del sector inmobiliario y el orden público económico de Cartagena, poniendo en duda la seguridad jurídica de las licencias de construcción otorgadas sobre propiedades supuestamente ilegales», afirma el abogado Del Río.
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Según este abogado, Ya hay denuncias de compradores de la exclusiva zona norte de Cartagena por estafas. Uno de ellos es de la ciudadana Laura Arias, comprador que presentó una denuncia por fraude y una demanda civil para resolver la promesa de ventaargumentando que la inseguridad jurídica sobre el inmueble imposibilita que la obra avance hacia un título legítimo.
“…es sólo un ejemplo del riesgo financiero en el que podrían estar cayendo miles de compradores sin saberlo”, afirma el abogado.
La primera autoridad judicial en llamar la atención sobre este caso fue el Tribunal Superior de Cartagena eso protegió los derechos fundamentales de la nación al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y ordenó a la Fiscalía 20 Seccional de Cartagena emitir resolución de fondo para restituir los derechos sobre estas propiedades que supuestamente suman más de 15 hectáreas de la nación, y se resuelve el proceso que ha tardado más de 15 años.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
Juan Montaño
Corresponsal de EL TIEMPO
cartagena
@PilotofKites
