La sección Bolívar de La Comisión Nacional de Disciplina Judicial emitió una de las decisiones más severas de los últimos años contra un funcionario del Poder Judicial en el departamento. Él el abogado Larry López, quien se desempeñaba como empleado administrativo, Fue destituido e inhabilitado luego de comprobarse que creó y operó una nómina ficticia para desviar recursos públicos a través de seis presuntos servidores judiciales que, en realidad, no laboraban para la entidad.
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Según lo determinado en el expediente disciplinario, López registró a estas personas en el sistema de nómina entre enero y septiembre de 2021, período durante el cual transfirió más de 500 millones de dólares por servicios de consultoría inexistentes. Los beneficiarios no sólo estaban fuera de la estructura judicial, sino que también mantenían vínculos personales con ella.
El La maniobra se realizó mediante acceso irregular al sistema informático, alteración de datos internos y órdenes de pago que estaban camufladas entre la nómina real. Una vez que los recursos ingresaron a las cuentas de los “falsos funcionarios”, estos debían entregar el dinero al abogado, quien resultó ser el beneficiario final del desvío.
Una estructura que funciona desde 2018, según la investigación
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La investigación disciplinaria nos permitió establecer que el esquema no se redujo solo a los acontecimientos de 2021. Según el magistrado instructor Jorge Rojas, López venía manipulando el sistema de nómina desde 2018, realizar pagos fuera de los controles internos y movilizar hasta 2.700 millones de dólares durante ese período.
El patrón detectado Consistía en registrar temporalmente a personas cercanas como si fueran contratistas u empleados eventuales que apoyen la gestión judicial. Los montos transferidos fluctuaron entre 10 y 20 millones de dólares, lo que permitió mantener las operaciones con perfiles de gastos relativamente bajos y, por tanto, menos visibles en los controles rutinarios.
El uso de acceso inadecuado fue clave para mantener el plan a flote. «López aprovechó su conocimiento del sistema interno para modificar registros sin dejar rastros inmediatos y así evitar alertas de auditoría.». Sin embargo, inconsistencias en los pagos acumulados, sumadas a los informes internos, terminaron por encender las alarmas que llevaron a una revisión de sus movimientos.
El La Comisión Disciplinaria concluyó que se trataba de una conducta muy grave, ejecutados con fraude, y con impacto directo en el patrimonio del Poder Judicial.
El modus operandi: vacaciones fraccionadas y una nómina paralela estable
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Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la forma en que López manejó sus propios períodos de descanso. Según el expediente, el funcionario tomó vacaciones discontinuas, en pequeños fragmentos, para evitar que su ausencia prolongada generara retrasos o fallas en la ejecución de la nómina paralela. Su presencia en la oficina fue clave para autorizar pagos fraudulentos y garantizar la sostenibilidad del plan.
En total, Unas 12 personas aparecen involucradas en las maniobras que permitieron operar esta red. Algunos actuaron como receptores de recursos; otros, como facilitadores ocasionales. Sin embargo, la Comisión determinó que López era el eje principal y el beneficiario final de la asignación de fondos.
El fraude no sólo implicó el desvío de recursos, sino la violación del principio de moralidad pública y la alteración de documentos con información falsa, lo que agravó su responsabilidad. El ente disciplinario destacó la forma sistemática en que se violaron los controles, evidenciando una intención deliberada de engañar a la administración.
Consecuencias penales y disciplinarias
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Además de la sanción disciplinaria, López enfrenta proceso penal por acceso abusivo a un sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, delitos que, en conjunto, podrían conducir a una sentencia significativa. La Fiscalía ya documentó buena parte de las maniobras y avanza en la etapa de juicio.
El juez Rojas explicó que La cifra de $500 millones reportada inicialmente corresponde al periodo 2021, pero la investigación penal amplió el rango temporal y detectó operaciones desde 2018, con un monto consolidado que supera los $2,700 millones. «La conducta fue reiterada y sostenida. Los recursos del Poder Judicial estuvieron afectados durante varios años», afirmó.
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Con esta decisión, La Comisión envía un mensaje sobre la necesidad de reforzar los sistemas de control interno y vigilancia sobre procesos automatizados que, si bien optimizan la gestión, también pueden verse vulnerados cuando se combinan el conocimiento técnico y el afán de fraude.
La sanción contra López se convierte así en un precedente para el Poder Judicial y un recordatorio de los riesgos que enfrenta la administración pública cuando fallan los controles y la ética de sus funcionarios.
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