Ciudad de Panamá/Bogotá, 11 de mayo (Efe). – El ex presidente panameño, Ricardo Martinelli, quien ocupó el cargo entre 2009 y 2014, arribó a Colombia el pasado sábado en busca de asilo tras haber abandonado la embajada nicaragüense en Panamá. Martinelli había estado refugiado en dicha embajada desde febrero de 2024, momento en el que fue condenado por actos de corrupción, lo cual ha generado gran controversia en la política panameña.
«Aquí en Bogotá con asilo político por ser un político perseguido. No sabía lo hermosa que es Bogotá. Agradezco a los gobiernos de Nicaragua y Colombia por darme la bienvenida en sus hermosos países», compartió Martinelli a través de sus redes sociales posterior a su llegada. La publicación fue acompañada de una fotografía que lo mostraba junto a su perro, Bruno, una imagen que reflejó un momento de alivio después de una larga travesía política.
Poco antes de la llegada de Martinelli, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió un comunicado oficial en el que indicaba que el gobierno colombiano había respondido de manera formal a su solicitud. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue quien dirigió este breve, pero significativo, intercambio diplomático a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, lo que facilitó la salida de Martinelli del país.
En consonancia con esta solicitud, el gobierno de Panamá tomó las medidas necesarias para garantizar «la forma segura necesaria hacia la salida rápida y segura del expresidente». Martinelli dejó la embajada nicaragüense bajo la protección de un vehículo diplomático, y luego se trasladó desde un aeropuerto local en un avión hacia Colombia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá subrayó que esta decisión cumplía completamente con las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Asilo de 1928, así como un acuerdo adicional de asilo político firmado en 1933 por Panamá, Nicaragua y Colombia, ratificando así la importancia de las relaciones internacionales entre estos países.
Tras la salida de Martinelli, el gobierno colombiano no tardó en confirmar que le había otorgado «asilo político», informando al público sobre la decisión que había sido solicitada formalmente por Panamá. Este desarrollo marca un hito en las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, que habían estado tensas desde la condena de Martinelli a más de 10 años de prisión por la implementación de «nuevos negocios» en medios de comunicación que despertaron múltiples controversias.
El gobierno de Laurentino Cortizo, que estuvo en el poder entre 2019 y 2024, se había opuesto a facilitar una ruta segura para Martinelli, lo que a su vez generó fricciones con Daniel Ortega, debido a la manera en que el expresidente intentó influir en la política de la embajada en Nicaragua.
En marzo de este año, el gobierno de José Raúl Mulino, que asumió el cargo en julio de 2024, facilitó una ruta segura para que Martinelli viajara a Nicaragua. Sin embargo, esta ruta no fue utilizada, ya que su intento de asilo fue frustrado en el último momento debido a que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo cancelaron el viaje tras conocer de una posible alerta roja de Interpol, la cual, según las autoridades panameñas, había sido desestimada.
Este contratiempo llevó a un período de concesión para garantizar la seguridad de Martinelli, que duró del 27 al 31 de marzo, siendo extendido posteriormente por 72 horas más, lo que refleja los intentos por resolver la situación del expresidente. Sin embargo, los cambios en la seguridad dejaron atrás una nueva ruta segura.
Además de su caso de «nuevos negocios», Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá, que se relacionan con el escándalo de Odebrecht y la situación en España, donde se le vincula con presuntas irregularidades y escuchas telefónicas en Mallorca.
