El documento, presentado este lunes por la Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales (Acehr) y firmado por otras entidades representativas de pacientes, pide a la CIDH tomar medidas cautelares ante un «riesgo real, grave e inminente de daño irreparable a la vida, la integridad personal y la salud».
En este sentido, las organizaciones solicitarán al comisionado visitar el país para «comprobar la crisis del sistema de salud» y establecer la responsabilidad del Estado colombiano ante la situación que enfrentan miles de pacientes.
La semana pasada, la Procuraduría General de la República (Ministerio Público) publicó un informe alertando sobre un aumento de denuncias, amparos y desacatos interpuestos por usuarios para acceder a consultas, diagnósticos y operaciones médicas, así como al suministro de medicamentos.
Según el Ministerio Público, en 2024 se registraron 1,6 millones de denuncias de pacientes, un 23% más que en 2023, y se interpusieron 265.173 acciones de protección, lo que representa un aumento del 188% respecto a 2021.
El informe del organismo de control también señala que el 47% de los pacientes se encuentran en pobreza extrema o moderada, lo que exacerba el impacto social de la crisis.
Advirtió también que la sostenibilidad financiera del sistema se ha deteriorado rápidamente, pues la deuda del sector salud supera los 32.900 millones de pesos (unos 89 millones de dólares), afectando a hospitales, clínicas y a la industria farmacéutica.
El documento de Acehr señala que, a pesar de las advertencias del «Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de pacientes, gremios médicos y centros de análisis técnicos», el Estado no adoptó medidas oportunas ni proporcionadas para evitar el agravamiento del colapso.
Las organizaciones firmantes también pidieron el apoyo de la comunidad internacional y advirtieron que la falta de atención médica oportuna podría causar daños irreversibles o la muerte a pacientes que dependen de los tratamientos continuos para sobrevivir. EFE
