El Noreste de Antioquia continúa siendo un territorio disputado por grupos armados ilegales, lo que ha obligado a la fuerza pública a redoblar esfuerzos para mantener la seguridad en esta subregión.
En medio de esta situación, este miércoles 7 de enero se produjo un combate entre el Ejército Nacional y miembros del Frente 36 de las disidencias de las FARC en el municipio de Anorí.
La Séptima División del Ejército informó que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) No. 7 se enfrentaron con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura 36, en zona rural de este municipio.
Ejército en zonas rurales de Antioquia Foto:Séptima División del Ejército
«Nuestras tropas en el sector informan de la muerte en el curso de operaciones militares de un miembro de este grupo terrorista. Las acciones ofensivas contra este grupo armado continúan desarrollándose”, informó el Ejército a altas horas de la noche.
Esta situación representa una continuación de la dinámica observada durante 2025.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), durante 2025 se registraron 101 incidentes de enfrentamiento armado.
Enfrentamiento armado en Antioquia Foto:Séptima División del Ejército
“La mayoría corresponden a ataques contra la Fuerza Pública (43 casos), lo que demuestra una ofensiva sostenida de los Grupos Armados Organizados (GAO) contra las instituciones del Estado”, indicó la entidad.
Le siguen 41 combates o enfrentamientos, que reflejan una activa disputa por el control territorial y las economías ilegales.
Finalmente, se documentaron 17 ataques contra la población civil que, aunque menos frecuentes, «representan los impactos humanitarios más graves por su impacto directo en la vida y seguridad de las comunidades».
Situación Noreste
Anorí, Antioquia Foto:Oficina del Alcalde de Anori
Las ONG han coincidido en que en esta subregión, la minería -legal e ilegal-, los cultivos ilícitos, la presencia sostenida de estructuras armadas «y la debilidad institucional histórica han creado un escenario de riesgo exacerbado para las comunidades».
Esto ha hecho que múltiples actores armados como el ‘Clan del Golfo’, disidencias, ELN y grupos del crimen organizado establecer presencia en el territorio y disputar rentas, imponer regulaciones paralelas y ejercer control sobre la movilidad, la economía local y vida comunitaria.
