Las autoridades de 15 municipios en Córdoba han comenzado a implementar medidas específicas con el propósito de prevenir que los miembros de la fuerza pública y los ciudadanos se vean perjudicados por el plan de armas de SO, llevado a cabo por el Grupo ilegal del Golfo.
Entre las restricciones que se han impuesto se encuentran límites en la movilidad de personas en motocicletas, la regulación de horarios, la prohibición del transporte de materiales que puedan comprometer la seguridad, y el cierre de playas en zonas costeras.
Recientemente, el Grupo del Clan del Golfo ha perpetrado ataques contra los miembros de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada de Colombia, resultando en varios fallecidos y heridos entre las fuerzas uniformadas.
Estas acciones han sido más frecuentes en las áreas rurales de localidades como Ciénga de Oro, Chimá, Lorica, La Sal, Sahagún, San Bernardo del Viento y Montería.
Operaciones policiales en Córdoba Foto:Policía nacional
En razón de esta alarmante situación de amenaza criminal por parte del Clan del Golfo, los municipios que han implementado restricciones incluyen: Moñitos, San Bernardo del Viento, Momil, Tierralta, Sahagún, Planet Rica, Chinú, Puerto Escondido, Los Córdobas, Montelícano, Valencia, La Salvada, Pue Neo, Neo, San Carloce, y otros lugares aledaños.
En varias áreas rurales y urbanas dentro de Ciénga de Oro, Chimá, Sahagún y La Apartada, numerosos miembros de la Policía Nacional han sido asesinados, incluyendo un soldado profesional.
Infante de marina herido en un ataque Foto:Archivo privado
Además, tres agentes de la Policía Nacional sufrieron heridas en un ataque dirigido a un vehículo que transportaba a la fuerza pública.
En Montería, se están llevando a cabo constantes operativos de seguridad por parte de la policía metropolitana, en colaboración con miembros del Ejército colombiano.
Las medidas que se han tomado
En la jurisdicción de San Bernardo del Viento, en la ruta que conecta la capital municipal con Lorica, el Grupo del Clan del Golfo colocó un artefacto explosivo en un área donde pasaba un vehículo con personal de la Armada Nacional.
Afortunadamente, el camión logró atravesar sin sufrir daños ni afectar a los miembros de las fuerzas armadas ni a los residentes de las comunidades aledañas. Ante este contexto, el alcalde de San Bernardo del Viento, Nabonazar González Tordecilla, emitió el Decreto 0157 para salvaguardar el orden público.
Las primeras medidas incluyeron restricciones a la movilidad durante la noche, que afecta a hombres, mujeres y niños, estableciendo un toque de queda que va desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana del día siguiente.
Asimismo, se prohíbe el transporte de materiales peligrosos como cilindros de gas, elementos que podrían ser utilizados para agredir a los ciudadanos. Esta restricción se extiende desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente.
Además, el uso de drones está prohibido sin la previa autorización de la administración municipal, para evitar actividades no controladas que puedan comprometer la seguridad.
Cierre de las playas
Playas del Gulf de Morrosquillo, en Coveñas. Foto:Redes sociales.
Una de las acciones más drásticas, especialmente impactante para el sector turístico y los dueños de cabañas, ha sido el cierre temporal de las playas. Esta medida impide el acceso al mar para turistas desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente.
Al respecto, empresarios hoteleros han expresado que «no estamos en temporada alta, pero igualmente, la restricción afecta la llegada de visitantes interesados en actividades marítimas».
El alcalde Nabonazar González también prohibió la celebración de fiestas o eventos masivos que pudieran congregar gran cantidad de personas, limitando el uso de vehículos en todo el municipio.
Estas medidas restrictivas han sido adoptadas de manera similar en otros municipios afectados, no obstante, resulta sorprendente que en Ciénga de Oro y Chimá, donde no se han reportado homicidios contra la fuerza pública, los alcaldes no hayan tomado acciones preventivas.
Desde la implementación del plan de ataque, cinco miembros de la fuerza pública han perdido la vida, además de varias heridas en los enfrentamientos.
Las autoridades han anunciado una recompensa de 200 millones de pesos para quien proporcione información que conduzca a la captura de los responsables de los ataques en toda la región.
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Documario del periodista Jineth Bedoya. Foto:
Francisco Javier Barrios
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