La elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico Para el período 2025-2029, enfrenta un nuevo obstáculo judicial. los solicitantes Álvaro González Aguilar, Wilson Quimbayo Ospina y Danilo Hernández Rodríguez Interpusieron una acción de protección ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, solicitando la suspensión inmediata de la sesión del Consejo Superior prevista para este viernes 24 de octubre, en la que estaba previsto definir al próximo rector.
En su recurso, los tres candidatos sostienen que el proceso “viola derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad”, al no haber sido resuelta una solicitud formal de verificación de los requisitos mínimos del candidato Leyton Daniel Barrios Torres, contemplados en el Acuerdo Superior N° 00001 de 2025.
Según los demandantes, Barrios habría presentado “inconsistencias en la acreditación de su experiencia docente”lo que pone en duda la legalidad y transparencia del proceso. “Este tipo de hechos genera un impacto directo en los principios de legalidad, transparencia y equidad que deben regir todas las actuaciones administrativas, especialmente aquellas que involucran el acceso a cargos directivos en las instituciones públicas”, señalan en el amparo.
Los demandantes solicitan como medida urgente suspender la sesión del Consejo Superior hasta que se resuelva la verificación de requisitosadvirtiendo que continuar con la elección “configura una evidente desigualdad frente a los demás candidatos que sí cumplieron con los requisitos requeridos”.
Un proceso electoral enredado en amparos, impugnaciones y denuncias
La elección del rector de la Universidad del Atlántico se ha convertido en un verdadero Laberinto judicial y político, con múltiples recursos legales, denuncias disciplinarias y cuestionamientos sobre la imparcialidad del proceso.
Leyton Barrios, secretaria de Educación del Atlántico, candidata a la rectoría de Uniatlántico. Foto:Gobernación del Atlántico
El calendario electoral se abrió en julio de 2025, con una consulta universitaria realizada el 2 de octubre que definió cinco candidatos: Danilo Hernández, Álvaro González, Leyton Barrios, Wilson Quimbayo y Alcides Padilla. Hernández, actual rector, obtuvo la mayor votación, pero la etapa final, la elección por el Consejo Superior, ha estado marcada por una sucesión de acciones judiciales.
Entre los puntos más controvertidos está la participación de Leyton Barrios, actual secretario de Educación del Atlántico, cuyo currículum ha sido cuestionado por presuntas irregularidades en su experiencia académica. Las denuncias fueron elevadas al Ministerio de Educación, que también se retiró de una sesión del Consejo Superior en septiembre, señalando falta de garantías en la discusión de las impugnaciones contra algunos de sus miembros.
El Ministerio, en aquella ocasión, advirtió sobre posibles irregularidades en las actuaciones del presidente del Consejo Superior, Eduardo Verano de la Rosa, y en el nombramiento de un presidente ad hoc sin consenso para resolver conflictos internos. El ministerio también anunció denuncias disciplinarias ante los órganos de control.
Danilo Hernández, rector de la Universidad del Atlántico. Foto:Prensa de la Universidad Atlántica
Además, los candidatos González, Quimbayo y Hernández ya habían presentado una tutela previa por el mismo motivo, sin que hasta ahora Las cuestiones subyacentes quedaron resueltas. Asimismo, se han registrado derechos de petición, quejas y nuevas denuncias ciudadanas pidiendo detener el proceso hasta garantizar su transparencia.
Elecciones suspendidas y ambiente de alta tensión
La disputa judicial mantiene a la expectativa a la comunidad universitaria. Mientras el Consejo Superior insiste en cumplir el cronograma, los demandantes advierten que se seguirá adelante sin resolver las irregularidades Podría dejar sin fundamento jurídico el nombramiento del rector.
En este contexto, la nueva tutela actúa como un freno inmediato al procedimiento, dejando en el aire la fecha definitiva de las elecciones. Todo indica que cualquier decisión deberá esperar al pronunciamiento del Cortelo que determinará si el Consejo Superior puede proceder o si debe suspender el proceso mientras se aclaran las cuestiones relativas a la verificación de requisitos.
La tutela, como las impugnaciones y denuncias anteriores, pone de relieve las tensiones entre legalidad, legitimidad y poder político en el principal centro educativo público del Atlántico, cuya elección de rector, ahora en suspenso, podría definirse en los tribunales judiciales y no en la mesa del Consejo Superior.
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