





Un edificio valorado en más de mil 324 millones de pesos que funcionó como hotel en el municipio de Soacha perteneció a los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, quienes encabezaban el llamado ‘cártel de Cali’. La propiedad estuvo inicialmente en manos de una testaferro y empresaria incluida en la Lista Clinton que nació en 1948.
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Luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tuviera el inmueble bajo su administración y hubiera firmado un contrato de arrendamiento con el empresario de un hotel, el inmueble fue recuperado este año, luego de comprobarse un subarrendamiento irregular por parte del mismo establecimiento. El inmueble ahora será la sede de una oficina de representación, la de Soacha.
Gilberto Rodríguez Orejuela tuvo varios negocios legales como cadenas de farmacias, estaciones de radio, inversiones en equipos de fútbol e incluso la industria automotriz, todos los cuales terminaron con graves implicaciones legales por su relación con la exportación de drogas.
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Los Rodríguez Orejuela fundaron el ‘cártel de Cali’ junto a José Santacruz y posteriormente con el sindicato de Hélmer Herrera, con quien crearon una estructura para la producción y envío de droga a Centroamérica y Estados Unidos.
A finales de los años 80, la buena relación que había mantenido el ‘cartel de Cali’ con el ‘cartel de Medellín’, comandado por Pablo Escobar, se rompió y acabó en una sangrienta guerra entre ambas organizaciones criminales, con atentados con coches bomba.
De un inmueble incautado a la mafia a una entidad de defensa de las víctimas
El inmueble pertenecía a la mafia y luego fue arrendado para ser recuperado este año por el SAE. Foto:SAE
Para la SAE, El hecho de que un inmueble confiscado a la mafia se convierta en la oficina de la entidad pública que defiende a las víctimas representa un acto de reparación simbólica para la comunidad de Soacha.
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Además, la Personería de Soacha fue la primera entidad en documentar sistemáticamente la desaparición de jóvenes del pueblo que luego aparecieron como “bajas de combate” en Ocaña, Norte de Santander.
“A pesar de las amenazas de muerte y hostigamientos, la Personería brindó el refugio legal necesario para que las familias se organizaran, dando origen al movimiento de las Madres de Falsos Positivos”, señala un documento del SAE conocido por EL TIEMPO.
El inmueble que en el pasado perteneció a la mafia del ‘cártel de Cali’ fue recuperado este año. Foto:SAE
La historia del edificio que perteneció al ‘cártel de Cali’
El inmueble estaba relacionado con una empresaria vinculada al sector farmacéutico, siendo identificado por autoridades internacionales y nacionales como parte de la red financiera y de lavado de dinero del ‘cártel de Cali’.
La empresaria fue incluida en la llamada Lista Clinton” (Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a su papel en la ocultación de dinero procedente del narcotráfico a través de empresas legales.
El inmueble que en el pasado perteneció a la mafia del ‘cártel de Cali’ fue recuperado este año. Foto:SAE
Dada la relación del inmueble con el narcotráfico, el 16 de noviembre de 2004, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio, impuso medida de embargo y embargo sobre el inmueble, bajo el asiento No. 11 de la hoja registral).
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Esta medida se dio dentro del proceso radicado con el número 2363 ED, encaminado a suspender el poder dispositivo de activos vinculados al lavado de dinero del ‘cártel de Cali’.
Ya el 3 de junio de 2021 se llevó a cabo la extinción del derecho de dominio privado, la cual fue dictada por el Juzgado 1 Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá.
La sentencia quedó formalmente registrada en el documento registral, el 10 de diciembre de 2024 (anotación No. 13), transfiriéndose la propiedad del inmueble al Estado, específicamente, al Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
El inmueble que en el pasado perteneció a la mafia del ‘cártel de Cali’ fue recuperado este año. Foto:SAE
Posteriormente, el SAE firmó un contrato de arrendamiento con el hotel donde se habría registrado un subarrendamiento a tres establecimientos, por una ganancia que sería irregular. Ante la situación, el SAE rescindió el contrato de arrendamiento e inició el proceso de desalojo hasta recuperar el inmueble en febrero de 2026.
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Ahora, este inmueble millonario será la sede del Ministerio Público y velará por la defensa de los derechos humanos, en Soacha, Cundinamarca.
«El inmueble había sido recuperado hace dos meses por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), luego de un procedimiento de desalojo que demostró un uso indebido por parte del inquilino, quien subarrendó el inmueble sin autorización, generando beneficios económicos irregulares», dijo la entidad.
“Para mí es un honor estar hoy aquí. Este inmueble fue incautado por la Fiscalía en 2004 y, luego de un proceso de desamortización, lo entregamos al servicio de los ciudadanos de Soacha, un lugar de profundo significado, desde donde se promovieron denuncias que marcaron la historia del país, como las de las madres de Mafapo”, dijo la presidenta del SAE, Amelia Pérez.
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Con esta entrega, la Personería de Soacha contará por primera vez con sede propia, lo que le permitirá fortalecer su operación, optimizar recursos y ampliar la cobertura de atención en el municipio.
Esta sede ofrecerá asesoría jurídica gratuita, protección a mujeres víctimas de violencia, atención a víctimas del conflicto y orientación en salud, educación y servicios públicos.
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“Hoy es un día especial para Soacha. Este sueño que iniciamos en 2024 se hace realidad. Tener una sede propia, gracias al apoyo del gobierno nacional y el SAE, nos permitirá dejar de pagar alquileres y destinar esos recursos a fortalecer el servicio. Este espacio posibilitará una atención más digna, cercana y eficiente, e incluso la articulación de servicios como la Comisaría de Familia y la Inspección Policial”, dijo el representante municipal de Soacha, Luis Chíquiza. Arévalo.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
corresponsal de EL TIEMPO
Cali
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