El presidente de Tolima, Adriana Magali Matiz, ha alcanzado notoriedad tras desafiar al presidente en la cumbre de gobernadores, y actualmente lanza serias advertencias sobre cuestiones de orden público en su departamento.
¿Quién es Adriana Magali Matiz?
Adriana Magali Matiz es una profesional con más de dos décadas dedicadas al servicio público. Comenzó su trayectoria profesional a través del concurso de mérito en el contralor departamental de Tolima y rápidamente ascendió hasta ocupar el cargo de director de responsabilidad fiscal, contralor y gerente de institutos descentralizados en Ibagué. Posteriormente, se adentró en el ámbito político, convirtiéndose en representante de la Cámara. Fue elegida como la primera mujer gobernadora de Tolima, marcando un hito tras 172 años de historia.
¿De dónde proviene su vocación política?
Siempre he sentido una fuerte vocación al servicio. Desde niña, anhelaba ser alcaldesa de Ibagué, pero el destino tenía otros planes para mí. Mi objetivo ha sido abrir espacios para las mujeres en la política, y en mi departamento me he establecido como un referente para aquellos que creen que es posible lograr un cambio significativo. Recibimos un apoyo abrumador con 352,000 votos y, con esa responsabilidad, me dedico a abordar los múltiples problemas que enfrentan los habitantes de Tolima.
¿Qué tipo de coalición formó para llegar al gobierno?
La coalición que formamos fue bastante heterogénea. Incluyó no solo al Partido Conservador, del que soy parte, sino también a otras fuerzas políticas como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido ESO, ADA y Renacimiento Colombiano. Esta diversidad en la coalición fue crucial para alcanzar el importante resultado en las elecciones que nos permitió gobernar el departamento.
Se dice que es una persona carismática, pero me gustaría saber cuánta autonomía política tiene dentro de esta amplia coalición…
Dispongo de total autonomía. Esa es mi característica. Mi trayectoria en posiciones técnicas me ha brindado una sólida comprensión de la administración pública, lo que me permite tomar decisiones informadas y pertinentes.
Y dado que mencionamos la independencia, ¿puede explicar su relación con el ‘Clan Barreto’?
Ciertamente, mi jefe político es Oscar Barreto Quiroga, y pertenezco con orgullo a esa organización.
¿Es senador?
Así es.
Entonces, ¿se considera barretista?
Definitivamente me identifico como barretista. Sin embargo, eso no significa que carezca de criterio o carácter para tomar decisiones. Formo parte de esta organización política que respeto y aprecio, pero lo que manda en este momento es Adriana Magali Matiz.
Entendemos que el Departamento de Tolima ha enfrentado un aumento en los secuestros, extorsiones y ataques con cilindros bomba…
Me atrevo a afirmar que el país ha vuelto al punto cero. En un periodo menor a tres semanas, hemos visto caer a varios miembros de la fuerza pública en un nuevo capítulo de la guerra que nos sacude. Tanto los disidentes de las FARC como el ‘Clan del Golfo’ y el ELN han reactivado el terror mediante asesinatos selectivos que recuerdan épocas pasadas. La situación ha escalado a niveles que no hemos presenciado en años. A pesar de la oleada de violencia, el gobierno continúa suspendiendo operaciones ofensivas contra estos grupos. Mi departamento, especialmente en el sur, enfrenta un asedio por parte de las disidencias de las FARC. Las comunidades están atemorizadas y los pueblos sufren grave silencio por el miedo que impera, con símbolos subversivos marcando el territorio como en los días más oscuros del conflicto armado. Hemos encontrado varios cilindros bomba en diferentes puntos del departamento. He recorrido estas zonas junto a la fuerza pública, y es palpable el temor que sienten los habitantes ante esas amenazas.”
Hablemos sobre la célebre reunión de gobernadores en Villa de Leyva, donde usted y el gobernador de Chocó, también valiente, confrontaron al presidente Petro al exigirle respuestas sobre la violencia actual en sus departamentos. ¿Por qué se atrevió a alzar la mano y la voz?
En la Cumbre de Gobernadores en Boyacá, nuestra intención fue incrementar nuestra voz para que el presidente respondiera no solo respecto a la seguridad, sino también sobre cuestiones de inversión. Estoy convencida de que la seguridad demanda un balance entre el control territorial que ejerce la fuerza pública y la inversión estatal necesaria. Esta combinación es fundamental, especialmente en nuestras comunidades que han sufrido tanto y que necesitan respuestas urgentes. Esa fue la razón por la que me sentí obligada a alzar la mano y la voz en ese encuentro.
¿Cree que esa acción le trajo represalias por parte del presidente?
Sí (sonriendo). Sin embargo, lo cierto es que en Tolima hemos tenido un aumento en casos de fiebre amarilla desde septiembre del año pasado y hemos sido proactivos en abordar la situación. He trabajado en colaboración con el Ministerio de Salud para evitar un crescendo de la enfermedad.
¿Y por qué el presidente la reprendió si afirma que han sido diligentes en el manejo del brote?
Me parece que lo que necesitamos es tomar acción concreta, no entrar en confrontaciones o buscar beneficios políticos. La afirmación del presidente sobre la falta de apoyo desde Tolima fue completamente fuera de contexto, ya que echamos mano de diversas estrategias desde septiembre para contener la fiebre amarilla, lo que ha resultado en menos muertes y contagios en el departamento, en comparación a lo que podría haber sido si no hubiésemos intervenido.
¿Qué medidas se están tomando para erradicar este peligroso brote?
Es crucial implementar un plan de vacunación bien delineado, que es lo único que puede detener esta enfermedad. Hemos establecido más de 200 puntos de vacunación en todo el departamento.
En el momento de esta entrevista, ¿cuántos casos han sido confirmados?
Desde septiembre del año pasado registramos 65 casos confirmados, de los cuales 24 han sido fatales. Afortunadamente, hasta el martes pasado no reportamos ningún fallecimiento desde el 11 de abril, gracias a los esfuerzos de vacunación y atención oportuna que se han brindado en nuestros hospitales.
Para este control se requiere disciplina y rigor…
Así es. Continuamos trabajando arduamente. Las campañas de vacunación han obtenido buenos resultados. Cada uno de los secretarios de despacho ha sido designado como responsable de ciertas regiones, colaborando con instituciones educativas y otros actores locales para facilitar la vacunación.
¿Ha sufrido alguna represalia económica en Tolima debido a su fricción con el presidente?
Definitivamente, creemos que Tolima necesita una mayor inversión por parte del gobierno nacional. Muchos departamentos, incluido el nuestro, atraviesan dificultades administrativas severas. Las garantías necesarias para que los gobiernos departamentales puedan llevar a cabo sus proyectos fiscales han estado tardando excesivamente. La ineficiencia administrativa se ha agravado por los constantes cambios en el personal administrativo, lo que limita su conocimiento y continuidad en la gestión.
Si el gobierno no se corrige, la ‘paz total’ será recordada como la mayor claudicación del estado contra el crimen
Adriana Magali Matiz VargasLa primera mujer gobernadora de Tolima.
¿Cuál es su opinión sobre la consulta popular como presidente departamental?
Debemos reflexionar a fondo sobre la consulta popular, ya que puede tener buenas intenciones, pero no debe convertirse en elucubraciones políticas o simplemente en una fachada. Me pregunto: ¿es verdaderamente necesaria una consulta popular en este momento? ¿Vale la pena gastar 700,000 millones de pesos en una consulta mientras enfrentamos graves problemas de seguridad y la fuerza pública no pueda operar adecuadamente? Con toda esta crisis de seguridad, nuestro país está sufriendo. Es fundamental que se establezcan prioridades sin obviar la urgencia de proteger vidas y restaurar el orden en Colombia.
Desde la llegada de Petro, ¿ha aumentado o disminuido la inseguridad en el país?
La inseguridad ha aumentado indiscutiblemente. Hemos retrocedido 25 años; los cuerpos de seguridad están limitados, mientras que los grupos delictivos ocupan un terreno que antes se les disputaba. Si el gobierno no corrige su rumbo, la ‘paz total’ se recordará como una abdicación del estado frente al crimen.
¿Cree que los diálogos interminables y las treguas están afectando al país?
Enormemente. Estamos ante un verdadero fracaso en las políticas de seguridad adoptadas. Mi postura ante el gobierno es que debe existir una colaboración activa entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales en cuestiones de seguridad. No puede ser una decisión caprichosa ni tener un sesgo político. La realidad debe ser confrontada; no podemos ocultar los problemas y permitir que el país sucumba nuevamente a la violencia. ¡Bienvenido a un futuro incierto!
María Isabel Rueda
Especial para el tiempo
