La Universidad del Atlántico vive una de sus semanas más tensas del año: mientras crece la polémica por las supuestas irregularidades en la elección del rector, la El Consejo Superior Universitario permanece reunido desde las 9.00 horas en una sesión decisiva con la que busca una salida a la crisis que ha paralizado la institución y enfrenta a estudiantes, docentes y directivos.
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Lo cierto es que un nuevo capítulo se sumó a la crisis que atraviesa Uniatlántico con un hallazgo que aumentó las dudas sobre la elección del rector Leyton Barrios.
En el marco de la investigación realizada por el Ministerio de Educación Nacional Por presuntas irregularidades en el proceso de designación, la entidad identificó que al menos uno de los certificaciones laborales aportado para acreditar la experiencia docente del rector constituye un documento falso, según confirmó la misma institución que supuestamente lo habría expedido.
El descubrimiento se produce a mediados del Se decreta vigilancia especial por el Ministerio sobre la universidad, luego de recibir denuncias que señalaron inconsistencias en la hoja de vida del rector, documentos contradictorios y dudas sobre si cumplía o no con los requisitos para ocupar el cargo. El nuevo elemento probatorio, según fuentes de la entidad, será incorporado al expediente que ya se encuentra en análisis jurídico.
Un ambiente de tensión desde las elecciones
Desde el 27 de octubre, cuando Barrios fue elegido por cinco de los nueve votos del Consejo Superior Universitario (CSU), la institución entró en un clima de confrontación interna que no ha disminuido en intensidad. Representantes estudiantiles, docentes y trabajadores han cuestionado la validez del proceso, mientras el rector y su círculo defienden la legalidad de la designación.
Leyton Barrios rector de la Universidad del Atlántico. Foto:uniatlántico
El abogado del rector, Iván Cancino, Lo expresó directamente en su cuenta X: “Todo está claro, tenemos pruebas que demuestran su cumplimiento de todos los requisitos legales y su autenticidad.. Qué cosa que todo el que pierde algo quiera recuperarlo utilizando el derecho penal por venganza o con fines políticos”, escribió, sugiriendo que las denuncias responden a disputas internas y no a irregularidades reales.
Pero para otros sectores, las preguntas no son nuevas. Durante años, el proceso de designación de un rector en la Universidad del Atlántico ha estado rodeado de tensiones políticas y disputas de poder. En esta ocasión, el conflicto escaló hasta un punto crítico, con episodios de violencia física, denuncias públicas, acusaciones entre clases y parálisis académica.
El Ministerio detalla las inconsistencias
Melissa Obregón, delegada de la Presidencia ante el CSU, Explicó en entrevista con Caracol Radio que desde el nombramiento de Barrios el Ministerio ha recibido múltiples denuncias sobre su trayectoria. Una primera irregularidad apareció en la documentación emitida por la corporación universitaria americanainstitución que, según dijo, generó tres certificaciones diferentes.
«Cabe señalar que, desde su nombramiento, hemos identificado que una de las instituciones de educación superior que presentó el señor Leyton Barrios como parte de su experiencia docente emitió certificaciones que no coinciden entre sí. Finalmente, la American University Corporation aclaró que BarrioNo se desempeñó como docente de aula, sino que estuvo vinculado al área de extensión y proyección social.“explicó el funcionario.
Pero el punto más delicado apareció con la Corporación Empresarial Universitaria de Salamanca. Según Obregón, el rector de esa institución presentó formalmente Denuncia ante Fiscalía contra indeterminados por presunta falsificación de certificación laboral el cual habría sido brindado como apoyo al currículum de Barrios.
“Existe un acta de denuncia firmada por el rector de la universidad, quien además no es la misma persona que aparece como firmante en la certificación laboral presentada por el señor Leyton Barrios”, advirtió.
Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Foto:Cortesía
Ante los indicios de falsificación documental, el Ministerio de Educación confirmó que enviará el expediente completo a la Fiscalía General para determinar si hubo delito. Paralelamente, notificará a la oficina del fiscal realizar las investigaciones disciplinarias correspondientes, toda vez que varios funcionarios y miembros del CSU actuaron en ejercicio de funciones públicas durante el proceso.
La decisión se basa en las primeras conclusiones de la investigación, pero el ministerio insiste en que será la justicia la que defina las responsabilidades penales y disciplinarias.
También intervienen juristas: “La elección está amparada por la ley”
En medio de la disputa, varias voces jurídicas han salido a proponer otra perspectiva: La elección, más allá del debate político, sigue amparada por la presunción de legalidad.
El abogado y profesor universitario Enrique Mahecha señaló que, aunque existen controversias, el acto administrativo de elección del rector sigue vigente:
«El nombramiento del rector no tiene ningún inconveniente legal. Quien esté inconforme debe acudir a la jurisdicción contenciosa. Si bien un juez no declara su nulidad, “El acto se mantiene conforme a derecho”, afirmó.
Mahecha recordó que, según el artículo 88 del CPACA, los actos administrativos sólo pueden ser invalidados por decisión judicial, no por presión social o disputas internas. «Las personas que no están de acuerdo deben acudir a los jueces. Los medios de facto, como bloqueos o suspensión de clases, no tienen sustento legal», afirmó.
Respecto al debate sobre los requisitos, el jurista fue enfático:
«Es competencia exclusiva de un juez determinar si se ajusta o no a la experiencia. Las percepciones personales no sustituyen el control judicial.»
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El Consejo Superior, que se encuentra reunido desde las 9 de la mañana de este lunes y hasta el cierre de esta nota no se habían conocido detalles, sostuvo que la elección fue conforme a los estatutos y asegura que brindará las explicaciones necesarias cuando sea requerido por las autoridades.
Mientras tanto, la Universidad del Atlántico continúa en un ambiente convulso, con clases suspendidas en algunos programas, intercambio de quejas y una comunidad académica dividida en posiciones contrapuestas.
